Por Rogelio Rodríguez Mendoza/ Noticentro.mx
En Tamaulipas, miles de niñas, niños y adolescentes siguen creciendo en contextos de desigualdad, sin acceso pleno a vivienda digna, servicios básicos ni educación. Para atender ese rezago estructural, se presentó una iniciativa que busca obligar al Estado a garantizar una atención integral y equitativa para toda la infancia, sin distinción de origen ni condición.
La propuesta, promovida por la diputada Cynthia Jaime Castillo, plantea reformar y adicionar el artículo 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Tamaulipas, para incorporar como principio rector la generación de oportunidades igualitarias para quienes habitan o transitan por la entidad.
De acuerdo con la legisladora, no basta con proteger a la niñez del abuso o la omisión institucional. La ley debe reconocer explícitamente la obligación del Estado de crear condiciones estructurales para el desarrollo pleno de cada menor, incluyendo acceso a salud, educación, vivienda, alimentación, esparcimiento y participación.
La iniciativa subraya que Tamaulipas enfrenta un rezago preocupante: según datos recientes, cerca de 90 mil menores viven en condiciones de vivienda precaria, otros 75 mil carecen de servicios básicos en el hogar, y la entidad figura entre las primeras del país con mayores niveles de rezago educativo entre los 3 y 17 años.
La propuesta está alineada con los compromisos adquiridos por México en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley General en la materia y la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que plantean una visión amplia de derechos, con enfoque en igualdad sustantiva, no discriminación y participación activa de la infancia.
En ese marco, la reforma busca institucionalizar el enfoque transversal en todas las políticas públicas que impactan a niñas, niños y adolescentes, pasando de la retórica a la acción jurídica vinculante. La atención integral dejaría de ser un ideal abstracto para convertirse en una obligación con consecuencias legales.
También se reconoce el papel clave de la educación como eje transformador. La diputada recordó que garantizar el acceso equitativo a servicios educativos de calidad permite romper ciclos de pobreza y violencia, y sentar las bases de una sociedad más justa y cohesionada.
Con esta reforma, el Congreso local tiene la oportunidad de elevar el estándar de protección para la niñez tamaulipeca, asegurando que ningún menor quede excluido del desarrollo por razones de género, discapacidad, origen étnico o condición migratoria. Se trata de hacer realidad el principio del interés superior de la niñez, más allá del discurso.
