Por Rogelio Rodríguez Mendoza//Noticentro.mx
El registro obligatorio de líneas celulares podría convertirse en un riesgo para los ciudadanos si la información personal y biométrica concentrada termina filtrándose a grupos delictivos, advirtió la diputada local Mercedes del Carmen Guillén Vicente.
La legisladora priista sostuvo que la estrategia contra la extorsión no debe limitarse a identificar desde qué número telefónico se comete el delito, sino investigar también de dónde obtienen los criminales los datos privados de sus víctimas.
Durante la sesión de la Diputación Permanente, Guillén Vicente centró su preocupación en la protección de la información que los usuarios deberán proporcionar para mantener identificadas sus líneas telefónicas.
Consideró que el problema de la extorsión ha evolucionado y ya no se trata únicamente de llamadas realizadas al azar, pues en muchos casos los delincuentes cuentan previamente con información detallada de las personas a quienes pretenden intimidar.
Nombres, domicilios, empleos, familiares, negocios, vehículos y actividades económicas pueden ser suficientes, explicó, para hacer creíble una amenaza y provocar que la víctima sienta que está siendo vigilada.
“Sin que el delincuente se mueva de donde está, puede estar entrando hasta nuestra casa”, advirtió al señalar que disponer de información precisa permite generar miedo aun cuando el extorsionador se encuentre a cientos de kilómetros de distancia.
Guillén Vicente reconoció que vincular cada número telefónico con una identidad puede ayudar en las investigaciones, pero consideró que el mecanismo será insuficiente si no se garantiza al mismo tiempo la seguridad de los datos personales.
Por ello planteó que las denuncias por extorsión incluyan información sobre los datos que el delincuente conocía previamente de la víctima, con el propósito de encontrar coincidencias entre diferentes casos.
La intención, explicó, sería determinar si los extorsionadores conocían domicilios, familiares, trabajos, vehículos o negocios, y a partir de ello identificar posibles patrones y fuentes de filtración.
Aclaró que no se trata de crear nuevas dependencias ni incrementar la burocracia, sino de utilizar las denuncias existentes para generar inteligencia sobre el origen de la información utilizada por los delincuentes.
La diputada recordó que diariamente los ciudadanos entregan datos personales a instituciones públicas, bancos, compañías telefónicas, comercios, plataformas digitales y empresas prestadoras de distintos servicios.
Advirtió que la comercialización ilegal y filtración de bases de datos ha sido denunciada reiteradamente, por lo que consideró indispensable fortalecer los mecanismos de protección antes de concentrar todavía más información de los usuarios.
“Hay que seguir el teléfono”, señaló Guillén Vicente, pero insistió en que las autoridades también deben aprender a seguir “la ruta del dato” para conocer cómo llega la información privada a manos criminales.
La legisladora sostuvo que identificar al propietario de una línea puede ayudar a perseguir una extorsión ya cometida, pero proteger correctamente los datos personales podría impedir que el delincuente cuente con las herramientas necesarias para realizarla.
