Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Tamaulipas cuenta ya con una nueva Ley de Atención a Víctimas del Delito que obliga también a los municipios a otorgarle apoyos a quienes hayan sido víctimas de la delincuencia.
De acuerdo al decreto 66-119, expedido por el Congreso del Estado, el nuevo ordenamiento normativo obliga, en sus respectivas competencias, a las autoridades de los órdenes de Gobierno Estatal y municipal, así como a las instituciones y organismos encargados de proteger a las víctimas del delito, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral.
De esa manera, dichas autoridades serán responsables de actuar de brindar atención inmediata, en especial en materias de salud, educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetas a las responsabilidades administrativas, civiles o penales a las que haya lugar.
“La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada medida será implementada a favor de la víctima considerando la gravedad y magnitud del hecho victimizante o de la violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho” precisa.
Por ejemplo, en el articulo 29 se precisa que : “El Estado y los municipios donde se haya cometido el hecho victimizante apoyarán a las víctimas indirectas con los gastos funerarios que deban cubrirse por el fallecimiento de la víctima directa en todos los casos en los cuales la muerte sobrevenga como resultado del hecho victimizante”.
Los gastos incluirán los de transporte, cuando el fallecimiento se haya producido en un lugar distinto al de su lugar de origen o cuando sus familiares decidan inhumar su cuerpo en otro lugar.
Si los familiares de las víctimas deben desplazarse del lugar en el que se encuentran hacia otro lugar para los trámites de reconocimiento, se deberán cubrir también sus gastos.
Cuando se trate de víctimas de violación sexual, o cualquier otra conducta que afecte su integridad física o psicológica, se le garantizará el acceso a los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima.
Además, se le realizará práctica periódica de exámenes y tratamiento especializado, durante el tiempo necesario para su total recuperación y conforme al diagnóstico y tratamiento médico recomendado.
“En cada una de las entidades públicas que brinden servicios, asistencia y atención a las víctimas, se dispondrá de personal capacitado en el tratamiento de la violencia sexual con un enfoque transversal de género”.
