CIUDAD DE MÉXICO
Tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se han pronunciado por desechar las impugnaciones contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues argumentaron que sus efectos han cesado.
El ministro presidente Arturo Zaldívar, así como las ministras Yasmín Esquivel y Norma Piña se pronunciaron, sin profundizar en el tema de la constitucionalidad, en contra del proyecto elaborado por Alberto Pérez Dayán, en el que se propone la invalidez de la legislación.
«En conclusión y en mi opinión, el decreto publicado el 12 de abril modifica el sistema normativo previsto en el decreto impugnado, al grado de que han cesado los efectos jurídicos del decreto impugnado en estas acciones y, en consecuencia, votaré por el sobreseimiento total de este asunto y, en caso de no alcanzarse la mayoría simple para lograr este objetivo, con estos argumentos votaré contra todo el proyecto en su integridad», comentó Arturo Zaldívar.
Así, coincidieron en que debido a que 15 de los 17 artículos que conforman la ley fueron reformados en abril pasado por lo que la Corte no debe analizar la constitucionalidad de la ley que prohíbe a los servidores públicos ganar más que el presidente.
«En virtud de que votaré por el sobreseimiento de esta acción de inconstitucionalidad y su acumulada, por la totalidad de las normas el decreto impugnado, porque constituye un sistema normativo cuyos efectos han cesado debido a una reforma posterior-criterio que he reiterado desde hace tres años- ahora, incluidas las normas penales, por las razones que he dicho, para preservar la coherencia de mi votación, no me voy a pronunciar sobre el fondo en relación a la constitucionalidad o no del decreto mencionado», explicó Norma Piña.
Si otro de los ministros se pronuncia en el mismo sentido que sus tres compañeros, sería imposible alcanzar la votación calificada de ocho, necesaria para invalidar la Ley Federal de Remuneraciones.
Previamente, al comenzar la discusión los ministros del máximo tribunal del país concluyeron por unanimidad que ninguno de ellos se encuentra impedido para analizar el asunto como alegó el Senado.
