Por Rogelio Rodríguez Mendoza||#Noticentro.mx
Castigar a quienes no tienen un techo donde dormir constituye una forma de discriminación que debe erradicarse de los reglamentos municipales, advirtió la diputada de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez.
Ante ello, Iturbe llevó ante la asamblea legislativa una iniciativa de punto de acuerdo para exigir a los 43 ayuntamientos de Tamaulipas que eliminen las disposiciones que permiten multar o sancionar a personas por dormir en la vía pública.
El planteamiento busca terminar con una práctica que, según la diputada, criminaliza la pobreza y convierte la falta de vivienda en motivo de castigo administrativo, en lugar de atender las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan quienes viven en las calles.
Iturbe Vázquez advirtió que ningún reglamento municipal debe contemplar como infracción el simple hecho de carecer de vivienda, porque ello contraviene los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana y no discriminación.
Como sustento de su propuesta, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó disposiciones municipales de Morelos que imponían multas a personas por dormir en espacios públicos, al considerar que esas medidas eran discriminatorias e injustas.
La resolución judicial estableció que descansar constituye una necesidad humana básica y que ninguna autoridad puede castigar a una persona únicamente porque carece de un techo donde hacerlo.
La diputada sostuvo que los gobiernos municipales deben sustituir las medidas punitivas por acciones de asistencia social y humanitaria, orientadas a atender las causas que obligan a muchas personas a permanecer en situación de calle.
También planteó revisar los bandos de policía y buen gobierno para eliminar disposiciones ambiguas que permitan a las autoridades imponer sanciones discrecionales contra personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.
Argumentó que el artículo cuarto constitucional reconoce los derechos a la protección de la salud y a una vivienda adecuada, por lo que las autoridades deben privilegiar políticas públicas que permitan garantizar esas condiciones.
La propuesta establece que los 43 ayuntamientos revisen, actualicen y, en su caso, deroguen las normas que sancionan dormir en la vía pública, aunque el exhorto no tendría carácter obligatorio y respetaría la autonomía municipal.
