Por Rogelio Rodríguez Mendoza||#Noticentro.mx
Ante los riesgos de que policías con afectaciones emocionales desempeñen funciones de seguridad pública, Morena planteó exigir a las autoridades estatales información sobre los agentes que reciben atención psicológica o psiquiátrica.
Lo anterior, a traves de una iniciativa de punto de acuerdo presentada por la diputada Francisca Castro Armenta, en la que propone solicitar a la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas información sobre las condiciones de salud mental de sus elementos.
La legisladora pretende conocer cuántos policías reciben actualmente tratamiento psicológico o psiquiátrico, así como el número de agentes atendidos durante 2025 y 2026.
También solicita información sobre los protocolos para detectar problemas emocionales, los mecanismos de canalización a especialistas y el seguimiento que reciben los elementos bajo tratamiento.
La propuesta advierte que los policías enfrentan constantemente situaciones de violencia, peligro, jornadas prolongadas, presión operativa y acontecimientos traumáticos que pueden afectar su estabilidad emocional.
Como antecedente, señala que en noviembre de 2025, unos 150 elementos de la Guardia Estatal participaron en una actividad para identificar riesgos psicosociales y factores de estrés asociados con su trabajo.
Aunque Seguridad Pública asegura proporcionar atención psicológica gratuita a su personal operativo y administrativo, la iniciativa no ofrece cifras precisas sobre los agentes que reciben tratamiento especializado.
La dependencia también ha desarrollado capacitaciones sobre manejo del estrés, autocuidado emocional y prevención de afectaciones psicológicas, pero esas actividades no permiten conocer el alcance real de los servicios.
Castro Armenta considera necesario determinar si existen mecanismos efectivos para detectar oportunamente problemas de salud mental y garantizar que los policías reciban atención especializada y seguimiento continuo.
La información solicitada deberá presentarse mediante estadísticas que permitan evaluar los programas institucionales, sin revelar la identidad de los elementos atendidos ni vulnerar la confidencialidad de sus expedientes médicos.
