Por Redacción Noticentro.
Tamaulipas figura entre 16 entidades del país cuya legislatura presenta atrasos en la armonización Constitucional en materia de derechos humanos.
Así lo señaló la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), al hacer un llamado a los Congresos locales a que apresuren el paso en esa obligación que tienen.
El organismo defensor de la dignidad de los mexicanos refirió que, a siete años de la reforma Constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, únicamente 16 entidades federativas tienen el 100 por ciento de cumplimiento en la armonización constitucional, incluyendo las 11 disposiciones normativas.
Se trata de los estados de Baja California Sur, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas.
Las 16 entidades restantes presentan rezagos importantes en la armonización de sus Constituciones y sus leyes. Entre ellas figura Tamaulipas.
La CNDH precisó que hay cuatro entidades federativas cuyas constituciones cuentan con el menor avance de armonización. Estas son Sonora, con un 36.4%; Chihuahua, 36.4%; Chiapas, 54.5%, y Morelos , 63.6%”.
“La Comisión Nacional reitera su preocupación por la situación de riesgo que enfrentan los derechos humanos para hacer efectivo su ejercicio y plena vigencia ante la falta de armonización legislativa, por lo que observará que se concluya este proceso en todo el territorio nacional” refirió.
Al concluir el estudio denominado, “Constituciones estatales frente a la Reforma Constitucional de Derechos Humanos de 2011”, la Comisión observó un lento avance en la tarea de las entidades.
La reforma a las Constituciones locales es necesaria para garantizar en ellas la prohibición de toda discriminación motivada por preferencias sexuales; la obligación del Estado de fomentar el respeto a los derechos humanos en la educación que imparta; la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, y la obligación de establecer y garantizar la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos en las Constituciones de las entidades federativas.
De ello, el avance más lento se registra en relación con la obligación del Estado de organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos como medio para lograr la reinserción social del sentenciado, respecto del cual se obtuvo 62.5% de avance en esta edición, cuando en la segunda se registró el 59.1% y en la primera 56.3%, de lo cual se deduce que lo alcanzado entre la primera y la tercera edición es de solo 6.2% a nivel nacional.
En relación con la prohibición de toda discriminación motivada por las preferencias sexuales, destaca que el avance registrado entre la primera edición y la tercera es de 11.9%, ya que en la primera fue de 74.4% y en la tercera 86.3%.
