Por Redacción Noticentro.
Tamaulipas tiene listo el paquete de reformas a la Constitución local y a diversas leyes secundarias, para implementar la reforma laboral que desaparecerá las Juntas de Conciliación y Arbitraje y cederá al Poder Judicial del Estado, (PJE), la obligación de dirimir los conflictos entre trabajadores y patrones, informó Raúl Robles Caballero.
El Consejero de la Judicatura del PJE explicó que, en coordinación con personal del Congreso del Estado se conformó una mesa de trabajo para proyectar la armonización Constitucional y legal, como lo mandata la reforma a la Constitución federal que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en febrero del 2017.
“Por lo que hace al marco jurídico ya tenemos listo el proyecto de reforma a la Constitución local y a diversas leyes secundarias. Respecto al Poder Judicial del Estado lo que hicimos fue reformar la Ley Orgánica para incorporar en ella la figura de juzgados especializados en materia laboral” refirió.
Dijo que ahora solo falta esperar a que el Congreso de la Unión cumpla con la expedición de una serie de leyes secundarias con lo que se dará “luz verde” al arranque del nuevo modelo de impartición de justicia laboral en el país.
“En un transitorio de la reforma Constitucional se dijo que sería en noviembre del 2018 cuando se establecería el inicio de operaciones del nuevo sistema de justicia laboral, pero seguramente se aplazara un poco más la fecha por la renovación del Congreso de la Unión” indicó.
Sin embargo, mientras eso ocurre, el Poder Judicial del Estado tomará la delantera construyendo diversas Salas de Oralidad en las cabeceras de los seis distritos judiciales, que son Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Victoria, Mante y el sur del estado.
Estimo que la carga de trabajo por cada distrito judicial será en promedio de 1,500 asuntos, e incluso podría ser menor porque el nuevo modelo contempla una etapa conciliatoria obligatoria previa a la presentación formal de la demanda.
Como se sabe, la reforma Constitucional del 2017 desaparece las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para que los juicios laborales sean atendidos por los Poderes Judiciales.
Sin embargo, subsistirá la etapa conciliatoria a través de organismos que estarán a cargo del Poder Ejecutivo.
