Por Redacción Noticentro.
Tras advertir que la justicia penal oral llegó en el momento equivocado, el vicepresidente del Colegio de Abogados de Victoria, Emilio Barrientos Martínez, señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), y el Poder Judicial, deberán vigilar con lupa y blindar a todos los operadores del sistema acusatorio y oral, para evitar que se den actos de corrupción en la negociación de la justicia que permite el Código Nacional de Procedimientos Penales, (CNPP).
Dijo que, desde la postura de su organización, no están en favor de que se negocie la justicia a través de algún mecanismo alterno de solución de conflictos, o de cualquier procedimiento abreviado que contempla el CNPP, porque eso es lo mismo que impunidad.
“Hay que tener con lupa a todos los operadores jurídicos, principalmente a los agentes del Ministerio Público y Jueces. Hay que blindarlos, porque la ley los faculta para que a través de una negociación se pueda atenuar o dejar sin efecto la imposición de una sanción y eso se llama impunidad.
“Pero desde el punto de vista del Colegio de Abogados, el Derecho Penal persigue la verdad no otorga impunidad” indicó.
Ante ello, insistió, es urgente que la PGJE y el Poder Judicial, sean cuidadosos en el uso de esas negociaciones que noblemente contempla el nuevo proceso penal.
En ese mismo sentido, el ex Juez de Primera Instancia Penal, consideró que el sistema de justicia penal, acusatorio y oral, llegó en el momento equivocado, en un estadio fuera de contexto, porque es demasiado noble para una realidad que estamos viviendo los mexicanos, sobre todo con el tema de la inseguridad pública.
“Definitivamente ahorita no era el momento para la llegada del nuevo sistema de justicia porque su nobleza está diseñada para una sociedad que no tenga tantos fenómenos, tan fuertes como los que estamos viviendo” mencionó.
Y añadió: “pero ya estamos aquí y tenemos que caminar. No hay vuelta atrás. Además todos los Estados del país están en ese esquema de inconsistencias”.
Barrientos admitió, por otra parte, que los abogados litigantes no han sido capacitados a la par de los operadores jurídicos del Estado.
