POR: ALEJANDRO GOVEA TORRES
La clase política se mostró sorprendida tras el anunció que en forma conjunta dieron el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández y el Subprocurador Jurídico y Asuntos Internacionales de la PGR, Salvador Sandoval Silva, quienes dieron a conocer que por instrucciones del Presidente Enrique Peña Nieto se presentó ayer por la mañana una demanda de inconstitucionalidad en contra de los Congresos Locales de Quintana Roo y de Veracruz ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La demanda de inconstitucionalidad también va en contra de los gobernadores Roberto Borge Angulo de Quintana Roo y Javier Duarte de Ochoa de Veracruz, quienes enviaron reformas a sus dóciles Congresos Locales para tratar de protegerse de una demanda penal por corrupción y abuso del servicio público cuando concluyan sus respetivas administraciones estatales.
Si bien es cierto que había indicios de que el Presidente Peña Nieto no estaba dispuesto a seguir con la vieja tradición de proteger a los gobernadores acusados de corruptos e ineptos, la demanda de inconstitucionalidad en contra de Borge Angulo y Duarte de Ochoa podría ser una clara señal de que está decidido a dar un “golpe de timón” a fin de acabar con la impunidad que tanto indigna y ofende a la sociedad mexicana.
Se espera que la SCJN, que encabeza el magistrado presidente Luis María Aguilar Morales, proceda de inmediato a declarar la inconstitucionalidad de las reformas hechas por los dóciles Congresos Locales de Quintana Roo y Veracruz, puesto que no sólo va en contra del Sistema Nacional Anticorrupción, sino también porque es un reclamo popular proceder en contra de todos aquellos gobernantes y funcionarios públicos que han defraudado la confianza de la sociedad mexicana.
Lógicamente que faltan otros gobernadores que han sido acusados de corrupción y abuso del servicio público, como es el caso de César Duarte Jáquez, quien tiene en contra una acusación por presunto enriquecimiento ilícito para financiar con recursos públicos la creación del Banco Progreso en Chihuahua.
Aunque en la demanda de la PGR ante la SCJN no menciona a los homólogos del presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Ramiro Ramos Salinas en Quintana Roo y Veracruz, no se descarta la posibilidad de que también se proceda en contra de ellos por promover reformas que lastiman y ofenden a la sociedad en ambos estados, así como también por encubrimiento de los actos de corrupción y abuso del poder de sus respectivos gobernadores.
Por otra parte, pero sin dejar las acusaciones en contra de funcionarios acusados de corrupción, la todavía dirigente nacional del PRI, Carolina Monroy del Mazo, solicitó a los dirigentes del PAN y del PRD que sean congruentes y exijan también castigo en contra de gobernantes surgidos de sus filas que han sido señalados por cometer ilícitos durante sus gestiones administrativas.
Monroy del Mazo dijo que el PAN debería de proceder en contra del ahora ex-gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías y de la ex-alcaldes Margarita Arellanes Cervantes, quienes enfrentan juicios en su contra por corrupción y abuso del poder público.
Asimismo, la sucesora de Manlio Fabio Beltrones Rivera convocó a la dirigencia del PRD para que proceda en contra del ex-gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, quien no sólo tiene varias acusaciones de corrupción, sino también podría estar implicado en el caso de Ayotzinapa.
Por último, tal y como se tenía previsto Enrique Ochoa Reza presentó su registro para ocupar la dirigencia nacional del PRI, cuya designación hoy será avalada por el pleno de la Asamblea Nacional a pesar de las voces en contra del que fuera director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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