Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La justicia penal tendrá un nuevo rostro a partir del 18 de junio del 2016, cuando por mandato Constitucional todos los delitos deberán atenderse en audiencias orales y públicas.
Eso significa que los Jueces deberán desarrollar los procesos bajo principios de inmediatez, publicidad, concentración, continuidad y contradicción.
La inmediatez obliga a los Jueces a estar presentes durante toda la audiencia, contrario a lo que sucede en el sistema tradicional donde por lo general es el Secretario de Acuerdos quien dirige la actividad jurisdiccional.
Además de ello, el Juez deberá dictar su sentencia en público y ya no desde su oficina como ocurre actualmente.
El principio de publicidad, que de acuerdo con juristas y académicos permitirá transparentar la actividad jurisdiccional y será un freno a la corrupción, permite que cualquier persona pueda estar presente en el desarrollo de las audiencias procesales.
El Código Nacional de Procedimientos Penales contempla excepciones para ese principio, como en el caso de delitos sexuales, pero la mayoría de los delitos abren la posibilidad de que el público asista a los juicios.
Actualmente, en las audiencias procesales solamente están presentes las partes y el personal del Juzgado. Aunque se dice que son audiencias públicas casi nunca asisten personas que no tengan interés legítimo en el caso.
La concentración y continuidad implica que los procesos deberán desarrollarse en audiencias que no se prolonguen más de lo estrictamente necesario. Con ello se busca poner fin a juicios que en el modelo tradicional tardan hasta varios años.
Además, el principio de concentración garantiza que en la etapa de juicio oral solo serán materia de juzgamiento los delitos objeto de la acusación fiscal.
El principio de contradicción dan al agente del Ministerio Público y al abogado defensor, las mismas oportunidades durante el proceso. Garantiza la igualdad de condiciones al momento de velar por los intereses de la víctima u ofendido y el imputado.
Bajo las nuevas disposiciones Constitucionales también cambiará la etapa de investigación de los delitos. La labor del agente del Ministerio Público y los policías estará supervisada por un Juez de Control, cuya principal función será vigilar que no se violenten derechos fundamentales del imputado y de la víctima u ofendido.
Una persona detenida tendrá derecho a recibir una defensa técnica desde el primer momento. El término “defensa técnica” implica que el abogado defensor deberá estar capacitado en el sistema acusatorio y de no ser así el Juez deberá sustituirlo.
Una característica elemental del sistema de justicia acusatorio es de que privilegia la justicia alternativa y la mediación y conciliación como formas de resolver los conflictos. Eso significa que solamente un número reducido de delitos llegara a juicio oral, que serían aquellos delitos de los llamados graves, como el homicidio, violación, secuestro, entre otros.
Incluso, aun en los delitos graves será posible que el imputado pueda acogerse a alguna de las figuras contempladas por el Código Nacional de Procedimientos Penales, como sería la suspensión condicional del procedimiento, donde podría evadir la prisión a cambio de una medida que le imponga el Juez.
La Reforma Constitucional en materia penal del 18 de junio del 2008 obliga a que el nuevo sistema de justicia penal , acusatorio y oral, esté implementado en todo el país y para todos los delitos a más tardar el 18 de junio del 2016.
Tamaulipas ya tiene avanzada la implementación del modelo procesal. Actualmente opera en Victoria, Padilla, Soto la Marina, Tula y Valle Hermoso, con un catálogo de 36 delitos que a partir de mañana jueves se incrementará a 86.
