Por Jorge Fernández Menéndez.
La serie Narcos que transmite Netflix es uno de los mejores y más serios acercamientos a la realidad de Colombia en los 80 y 90 y, en particular, dePablo Escobar, desde el inicio de las actividades de la introducción de cocaína a Estados Unidos y me imagino (la primera temporada llega hasta la fuga de Escobar de la cárcel de La Catedral) que terminará con la muerte del célebre narcotraficante en 1993.
Hay muchos pasajes que deberían ser analizados y recordados 25 años después, pero me llamó mucho la atención uno cuando el presidente César Gaviria asume el poder en 1990, en el auge de los atentados y la violencia, reemplazando al candidato Carlos Galán, asesinado precisamente porEscobar. El nuevo presidente mantiene una reunión con sus asesores de seguridad y con los representantes de Estados Unidos. Gaviria (el personaje) les dice a los estadunidenses que el país no aguanta el grado de intervención que se ha generado a partir de los acuerdos de extradición y que ellos seguirán con la lucha contra Escobar y los cárteles, pero con sus propios esfuerzos, que los canales de comunicación se deben centralizar y no puede haber operaciones de las agencias estadunidenses en suelo colombiano.
A partir de allí debe tomar una serie de medidas que incluyen hasta una negociación con Escobar, para intentar acabar con la violencia desmedida, que incluye la entrega del capo en condiciones inverosímiles (Escobar se construye su propia cárcel donde no pueden acercarse ni militares ni policías a menos de tres kilómetros de distancia y desde allí despacha), pero que genera también una pacificación de buena parte del país, por lo menos de las grandes ciudades. El propio personaje de Gaviria (un hombre convencido entonces y ahora de luchar contra el narcotráfico) llega en un momento a decir que es verdad que Escobar reinaba sobre lo que sucedía en la cárcel de La Catedral, pero que antes de aquel pacto Escobar reinaba, sobre todo, Colombia. Y que era preferible eso y ver que la gente había vuelto a salir a las calles, que seguir sufriendo atentados y secuestros.
Como sabemos, aquella historia termina mal: Pablo Escobar mata dentro de la cárcel a unos socios, se intenta llevarlo a una cárcel de verdad, se fuga, regresan las leyes de extradición, inicia una persecución terrible, las agencias estadunidenses y funcionarios colombianos se alían incluso con otros narcotraficantes para dar caza a Escobar y éste muere en una azotea de Medellín en 1993. Un año después, Gaviria deja la presidencia de su país, con golpes muy importantes contra el narcotráfico pero con un proceso de violencia, que hasta la llegada de Álvaro Uribe Vélez en 2002 fue en constante aumento.
El presidente Peña y su equipo tienen que conocer muy bien esa etapa porque durante su campaña y primeros meses en el poder uno de sus asesores fue un personaje central de toda esa historia en Colombia: el general Óscar Naranjo. Y también sabemos que durante los primeros meses de la administración Peña hubo desencuentros importantes con Estados Unidos por el tema de seguridad. Con todas las diferencias del caso, Peña(como había hecho 25 años atrás Gaviria) asumió el poder en una situación marcada por la violencia y también decidió ajustar las ventanas de relación con las agencias de seguridad estadunidense y cortó muchas de sus acciones en territorio nacional. También en el discurso se apostó por la pacificación y se tuvo éxitos, aunque hay que reconocer que, a diferencia de Colombia, ya desde 2012 la violencia había comenzado a descender.
Pero en nuestro caso esa violencia estalla en diferentes regiones, con focos rojos que se incendian en unos momentos y logran ser controlados en otros. Con muchos grupos que aún siendo mucho más pequeños que aquellos colombianos, provocan enorme violencia y daños, como lo hemos podido comprobar en el caso Iguala. Como decía ayer el secretario de Gobernación,Miguel Ángel Osorio Chong, en su comparecencia, hay datos positivos en el ámbito de la seguridad, sobre todo en secuestros y en algunas regiones del país, pero hechos como los de Iguala y la fuga de El Chapo golpean la credibilidad (porque son producto de traiciones y corrupciones) y los ocultan.
El gobierno, en estos años, ha apostado al discurso de la pacificación, de la coordinación, lo hizo bien, pero quizás hoy eso no alcanza. En aquella historia colombiana, al final lo único que termina colocando las cosas en otra dimensión, incluso encarrilándolas hacia los procesos de pacificación posteriores, fue la determinación de aplicar estrictamente la ley (con los narcos y con los actores políticos de todos los niveles, corrompidos por éstos) que asumió Uribe. En nuestro caso, tendrá que ser igual: en Iguala, en torno a la fuga de El Chapo, en la Narvarte, en los innumerables casos de injusticia cotidiana. Con la violencia y la corrupción que la genera, ha llegado el momento de ser menos políticamente correctos y más inflexibles.
