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Hasta 8 años de prisión a quien deje sin pensión alimenticia a discapacitados.

Rogelio Rodriguez Por: Rogelio Rodriguez
septiembre 23, 2026
in PRotativa
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Hasta 8 años de prisión a  quien deje sin pensión  alimenticia a discapacitados.

 

Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx

 El Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó reformas al Código Penal para castigar hasta con 8 años de prisión a quien deje sin pensión alimenticia a personas con discapacidad, adultos mayores o embarazadas.

Durante la sesión extraordinaria realizada este miércoles, la asamblea legislativa estableció en el ordenamiento punitivo que la penas para el delito de obligaciones alimenticias se agravara hasta en una tercera parte cuando las victimas sean parte de grupos vulnerables.

Hasta ahora, el artículo 296 establece penas de uno a seis años de cárcel. Con la modificación, la sanción podrá incrementarse hasta en una tercera parte, por lo que el castigo máximo llegará a ocho años.

La disposición también contempla a las personas gestantes y no se limita al incumplimiento de las pensiones destinadas a los hijos, sino que alcanza a otros familiares con derecho legal a recibir alimentos.

El delito se configura cuando una persona, sin motivo justificado, deja de proporcionar los recursos necesarios para la subsistencia de quienes dependen económicamente de ella. La reforma agrava la pena cuando el afectado se encuentra en alguna de las condiciones señaladas.

Además de la cárcel, la legislación contempla multas de hasta 200 veces el valor diario de la UMA y la obligación de cubrir las cantidades que el responsable dejó de entregar.

La reforma deriva de una iniciativa presentada desde octubre de 2025 por el diputado panista Gerardo Peña Flores, cuya propuesta original buscaba castigar con mayor severidad el abandono alimentario de hijos o cónyuges con discapacidad.

Sin embargo, durante su análisis, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial plantearon ampliar la protección a otros acreedores alimentarios vulnerables, observaciones que fueron incorporadas al dictamen.

El endurecimiento de las penas no elimina las demás consecuencias legales del incumplimiento. Cuando el adeudo supera los 60 días, el Código Penal establece que el juez debe ordenar la inscripción del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios.

 

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