Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Quienes sean sancionados por maltrato animal podrían ser inscritos en un registro estatal que permitirá a las autoridades dar seguimiento a esos casos, prevenir reincidencias y reforzar la protección de los animales en Tamaulipas.
La propuesta fue llevada ante la Diputación Permanente por el diputado de Morena, Marcelo Abundis Ramírez, quien plantea reformar la Ley de Protección a los Animales del Estado mediante la creación del Registro Estatal de Personas Sancionadas por Maltrato Animal.
Argumenta que actualmente no existe en Tamaulipas un mecanismo que permita identificar a quienes ya fueron sancionados por maltrato animal, lo que dificulta el seguimiento de los casos, la detección de reincidencias y la coordinación entre autoridades, asociaciones protectoras y centros de adopción.
De aprobarse la reforma, el registro únicamente incluirá a personas que hayan sido sancionadas mediante una resolución administrativa firme o una sentencia definitiva, garantizando el debido proceso y la presunción de inocencia.
La administración del padrón quedaría a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA), que sería responsable de integrar, actualizar, resguardar y conservar la información.
La inscripción deberá realizarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a que la autoridad competente notifique la resolución definitiva. El registro contendrá el nombre del sancionado, el número de expediente, la autoridad que emitió la resolución, la fecha del fallo, la conducta sancionada y la vigencia de la inscripción.
La iniciativa propone que las personas permanezcan registradas durante cinco años cuando se trate de infracciones administrativas graves y 10 años cuando exista reincidencia. Si el caso deriva de una sentencia judicial, el plazo será el que determine el juez.
Asimismo, establece que el registro tendrá carácter de consulta institucional, por lo que únicamente podrán acceder a él autoridades administrativas, judiciales y ministeriales, así como dependencias públicas relacionadas con la protección y bienestar animal. La información pública deberá difundirse únicamente de forma estadística o anonimizada.
El proyecto también precisa que aparecer en el padrón no constituirá una sanción adicional ni impedirá por sí mismo el ejercicio de derechos. No obstante, la información podrá ser considerada por las autoridades en procedimientos relacionados con la adopción, resguardo, custodia o manejo de animales.
La reforma también incorpora nuevas atribuciones para la Comisión Estatal de Protección a los Animales, que podrá emitir opiniones y recomendaciones sobre la operación del registro, mientras que la SEDUMA estará facultada para celebrar convenios con municipios, asociaciones protectoras, centros de adopción, instituciones académicas y organizaciones civiles para fortalecer las acciones de prevención y bienestar animal.
En la exposición de motivos, Abundiz Ramírez sostiene que diversos estudios en criminología y psicología han identificado que la crueldad contra los animales puede ser un indicador temprano de conductas agresivas, antisociales o de violencia familiar. Por ello, considera que el registro permitirá fortalecer las políticas públicas de protección animal y contribuir a la prevención de otras expresiones de violencia en la sociedad.
