Luisa María Alcalde Luján, consejera jurídica de la Presidencia de la República, afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, debió entregarse de manera confidencial, para “preservar el debido proceso y la presunción de inocencia, de tal manera que se evite la exposición mediática prematura que pueda sesgar a las autoridades y contaminar pruebas”.
“En este caso, dicha confidencialidad se violentó provocando un linchamiento mediático y que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las 10 personas mencionadas”, expresó.
En conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que Estados Unidos no presentó pruebas para solicitar la detención y extradición de Rocha Moya, por presuntos nexos con el crimen organizado.
“Dado que no existe, hasta este momento, elementos para determinar la urgencia, (la SRE) necesita pedirle al país requirente que aporte esos elementos para poderlo presentar, entonces sí, ante un juez, ¿quién lo va a determinar? El juez de control no lo va a determinar, la fiscalía no lo va a determinar la Secretaría de Relaciones Exteriores, lo determinaría el juez, si se mandarán estos elementos probatorios”, explicó.
Alcalde añadió que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha prejuzgado respecto si se cometió o no se cometió un delito, y tampoco ha prejuzgado respecto a si procede o no una solicitud de detención provisional.
