Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Servidores públicos que provoquen desperdicio, fuga o mal manejo del agua, podrían enfrentar hasta cuatro años de prisión, de aprobarse una reforma al Código Penal de Tamaulipas.
La iniciativa, presentada por la diputada morenista Silvia Isabel Chávez Garay, plantea adicionar el artículo 482 para tipificar el delito de afectación institucional al recurso hídrico.
La propuesta busca sancionar tanto conductas dolosas como negligencia grave, en el manejo del agua por parte de funcionarios responsables de su administración.
De acuerdo con el proyecto, el delito se configurará cuando estas acciones limiten el acceso equitativo al agua, afecten el servicio de abastecimiento o generen daños ambientales o riesgos a la salud.
El artículo 482 preverá que: “El servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, de manera dolosa o con negligencia grave, provoque desperdicio, derrame, fuga o extracción irregular de agua bajo su responsabilidad directa, será responsable de afectación institucional al recurso hídrico cuando dicha conducta:
- Limite o comprometa el acceso equitativo al agua para la población;
- Dificulte la prestación de servicios públicos de abastecimiento; o
III. Provoque deterioro ambiental o riesgos a la salud colectiva.
Al responsable se le impondrá:
- De uno a cuatro años de prisión;
- Multa de doscientas a quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización;
- Inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos de uno a cinco años.
La legisladora argumenta que actualmente existe un vacío legal, ya que si bien se sanciona el robo de agua, no hay una tipificación específica para castigar la negligencia institucional en su manejo.
En la exposición de motivos se advierte que el mal uso del recurso hídrico representa una doble afectación, tanto al medio ambiente como a la confianza ciudadana en las instituciones.
También se subraya que el acceso al agua es un derecho humano reconocido en la Constitución, por lo que su protección debe ser prioritaria.
La iniciativa cita que México enfrenta condiciones de estrés hídrico, con una disponibilidad promedio de 1,500 metros cúbicos por habitante al año.
Además, refiere que más de 2,200 millones de personas en el mundo carecen de acceso seguro al agua potable, lo que evidencia la magnitud del problema a nivel global.
En ese contexto, se plantea que la responsabilidad de los servidores públicos en la gestión del agua es clave para evitar afectaciones a la salud y al desarrollo social.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación en el Congreso del Estado.
