Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
Ocultar a un menor para impedir la convivencia con alguno de sus padres podría castigarse hasta con siete años de prisión en Tamaulipas.
Una iniciativa impulsada por la bancada de Morena plantea reformar el Código Penal del Estado para tipificar como delito el ocultamiento de niñas, niños y adolescentes, además de endurecer sanciones por sustracción y retención.
El proyecto propone adicionar el artículo 300 Ter, con el que se sancionaría a padres, madres, tutores o cualquier persona con custodia que, sin causa justificada, oculte al menor o impida su localización.
La conducta se configurará cuando el objetivo sea evitar o impedir el ejercicio de derechos como la convivencia, la custodia o la patria potestad de otro progenitor.
Las penas contempladas para este nuevo delito van de tres a siete años de prisión, además de multas de 200 a 600 Unidades de Medida y Actualización.
La propuesta también redefine el concepto de ocultamiento, incluyendo acciones como proporcionar información falsa sobre el paradero del menor, impedir la comunicación con el otro progenitor o trasladarlo dentro o fuera del país para evitar su localización.
En paralelo, se mantienen las sanciones actuales por sustracción y retención de menores, que van de dos a seis años de prisión, con multas de 100 a 500 UMAs.
No obstante, se establece que las penas aumentarán hasta en una mitad cuando el menor sea trasladado fuera del territorio nacional.
La iniciativa advierte que el marco legal vigente presenta vacíos importantes, ya que no contempla de manera expresa el ocultamiento, una de las prácticas más recurrentes en conflictos familiares.
También señala que estas conductas suelen utilizarse como mecanismos de presión entre progenitores, afectando directamente la estabilidad emocional de niñas y niños.
En ese sentido, se vincula este fenómeno con la violencia vicaria, al considerar que los menores son utilizados como instrumentos para causar daño emocional.
El proyecto establece que el delito solo se perseguirá a petición de parte, y prevé una excepción cuando el ocultamiento tenga como finalidad proteger al menor de un riesgo real o de violencia, siempre que se informe a la autoridad.
La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis, con el objetivo de fortalecer la protección del interés superior de la niñez y garantizar su derecho a convivir con su familia.
