Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso de Tamaulipas analiza una reforma penal para cerrar huecos legales y castigar con mayor rigor a servidores públicos que abusen del cargo, abandonen funciones o se aprovechen de vacíos en la ley.
La iniciativa fue presentada por el diputado Isidro Jesús Vargas Fernández, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, quien planteó una revisión integral de varios artículos del Código Penal del Estado relacionados con responsabilidades de funcionarios públicos.
El planteamiento busca eliminar duplicidades normativas que actualmente describen la misma conducta en distintos artículos, pero con sanciones diferentes, una situación que, de acuerdo con la exposición, genera confusión jurídica y debilita la correcta aplicación de la ley.
Entre los cambios propuestos destaca la derogación de una fracción del artículo 209, al advertirse que la conducta que sanciona ya se encuentra prevista en otro tipo penal, lo que permitiría ordenar el catálogo de delitos y evitar interpretaciones contradictorias.
La iniciativa también precisa de manera expresa la imposición de multas en diversos delitos, ya que en la legislación vigente se establecen sanciones económicas sin mencionar claramente ese término, lo que abre la puerta a omisiones o interpretaciones laxas.
Otro de los puntos centrales es el fortalecimiento del delito de abandono de funciones públicas, al establecer que será sancionado el servidor público que, sin causa justificada, deje su empleo, cargo o comisión por más de cuatro días hábiles consecutivos, así como quien no entregue formalmente bienes, documentos o equipo bajo su resguardo tras presentar su renuncia.
En materia de sanciones, la propuesta mantiene y ordena rangos de prisión que van de tres a siete años para determinados delitos cometidos por servidores públicos, acompañados de multa, destitución del cargo e inhabilitación para desempeñar funciones públicas por varios años.
Asimismo, se armoniza el artículo 233 del Código Penal para dejar claro que los delitos ahí previstos deben sancionarse tanto con prisión como con multa, cerrando vacíos que hoy permiten interpretaciones incompletas.
El legislador sostuvo que la reforma no crea nuevos delitos, sino que corrige inconsistencias, fortalece el marco penal vigente y refuerza el combate a la impunidad en el ejercicio del servicio público.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su estudio y dictamen, por lo que deberá ser analizada y discutida antes de que cualquier modificación al Código Penal del Estado pueda entrar en vigor.
