Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Partido Acción Nacional demandó frenar los operativos y sanciones contra choferes de Uber y DiDi en Tamaulipas, así como otorgar nuevos plazos para que puedan regularizarse sin que se les retire el vehículo ni se les prive de su fuente de empleo.
A través de un punto de acuerdo, legisladores de ese partido denunciaron que las acciones de la Subsecretaría de Transporte han derivado en un esquema de presión y hostigamiento contra miles de trabajadores.
Refirieron que, desde 2019 los taxis de aplicación cuentan con autorización para operar en la entidad y que actualmente se estima que más de 12 mil conductores prestan este servicio, muchos de ellos como único sustento económico para sus familias.
Además de cumplir con requisitos como placas, licencia, seguro y condiciones mecánicas, los choferes ya enfrentan una carga fiscal considerable, al pagar IVA, ISR y un impuesto estatal del 2 por ciento por cada viaje, vigente desde 2023.
A ello se suman los costos por los tarjetones obligatorios para conductor y vehículo, cuyo monto conjunto ronda los 4 mil 700 pesos en 2026, cifra que aumenta cada año conforme se actualiza la Unidad de Medida y Actualización.
El PAN criticó que los operativos de verificación hayan evolucionado hacia sanciones económicas elevadas, multas superiores a 40 UMAs y amenazas de retiro del servicio, aun cuando muchos conductores se encuentran en proceso de completar su registro.
Subrayaron que retirar el vehículo a un chofer de plataforma equivale a dejarlo sin empleo inmediato, especialmente cuando se trata de personas que viven al día y carecen de seguridad social o prestaciones laborales.
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Indicaron que conductores han denunciado operativos encubiertos, detenciones arbitrarias y una política de “cero tolerancia” que, lejos de fomentar la formalidad, empuja a algunos a operar en la irregularidad para sobrevivir.
Por ello, el Punto de Acuerdo solicita al Ejecutivo estatal instruir a las autoridades de transporte a establecer nuevos tiempos y términos para la regularización, permitir que los choferes continúen operando durante el proceso y ordenar el cese inmediato del hostigamiento y las amenazas de retirarles su fuente de trabajo.
