Por ROGELIO RODRÍGUEZ MENDOZA.
Las carreteras de Tamaulipas se han convertido, en los últimos años, en un territorio de alto riesgo. No por una percepción exagerada ni por alarmismo mediático, sino por una realidad que se repite con frecuencia inquietante.
El aumento de accidentes automovilísticos trág´icos en tramos federales es un hecho comprobable. Se mide en choques, volcaduras, tráileres fuera de control y, sobre todo, en vidas humanas que se pierden en el asfalto.
Tan solo durante el pasado mes de diciembre y los primeros días del 2026, la cifra de personas fallecidas en accidentes carreteros en Tamaulipas supera los 30.
Viajar hoy por las carreteras tamaulipecas exige más fe que prudencia. El volante se ha vuelto una apuesta y cada kilómetro recorrido implica el riesgo de no llegar al destino.
Este deterioro no ocurrió de forma espontánea ni puede atribuirse únicamente al descuido de los conductores. Tiene un origen claro y una decisión política perfectamente identificable.
La desaparición de la Policía Federal Preventiva marcó un antes y un después en la vigilancia carretera. A partir de ese momento comenzó una etapa de desorden que hoy cobra facturas cada vez más altas.
El gobierno de Morena justificó aquella decisión bajo el argumento de que se trataba de una corporación totalmente corrompida. La solución planteada fue crear una nueva institución que prometía mayor honestidad y eficacia.
Así nació la Guardia Nacional, presentada como el nuevo rostro de la seguridad pública. En el discurso, una transformación profunda. En los hechos, un experimento mal ejecutado.
La nueva corporación fue integrada mayoritariamente por elementos del Ejército Mexicano, hombres entrenados para tareas militares, no para funciones policiales civiles ni para la vigilancia carretera.
La experiencia acumulada durante décadas por la Policía Federal fue descartada sin miramientos. Muchos agentes con carrera policial fueron despedidos y otros más se vieron obligados a renunciar ante la imposición de una disciplina militar para la que no estaban preparados.
El vacío que dejó esa decisión nunca fue llenado. Patrullar carreteras no consiste en portar uniforme ni montar retenes, sino en prevenir riesgos, aplicar la ley y anticipar tragedias.
Hoy es evidente que una parte importante de la Guardia Nacional carece de formación especializada para vigilar carreteras y aplicar correctamente el Reglamento de Tránsito Federal.
Las consecuencias están a la vista. Tráileres circulando a exceso de velocidad, maniobras temerarias, unidades sobrecargadas y ninguna autoridad que ponga orden de manera efectiva.
La ausencia de vigilancia no es producto del azar. Responde a prioridades torcidas y a prácticas que se han normalizado.
En municipios como San Fernando o Jiménez, la Guardia Nacional sí está presente, pero su función dista mucho de la seguridad vial.
Ahí, los retenes no sirven para prevenir accidentes ni proteger a los automovilistas. Sirven para otra cosa que todos conocen y pocos denuncian.
Los llamados carreros, comerciantes de vehículos de procedencia extranjera, saben bien cómo funciona el esquema. Cuotas informales, cobros discrecionales y acuerdos que convierten a la carretera en un negocio.
Mientras se cobra, no se patrulla. Mientras se negocia, se abandona la vigilancia.
El saldo es devastador. Accidentes cada vez más frecuentes, escenas de muerte repetidas y familias marcadas por la omisión de quienes debían cuidar.
Lo más grave es la falta de responsabilidad institucional. Nadie explica por qué las carreteras están a la deriva ni quién responde por las consecuencias.
La Guardia Nacional, concebida como solución, terminó formando parte del problema que pretendía resolver.
El gobierno federal, y en particular Morena, no puede evadir el costo político de haber desmontado una corporación sin contar con un reemplazo funcional.
No se trata de idealizar a la Policía Federal ni de negar sus vicios. Se trata de reconocer que el experimento fracasó en uno de los ámbitos más sensibles y buscar solución urgente.
Mientras eso no ocurra, las carreteras seguirán cobrando vidas y cada accidente dejará flotando una pregunta incómoda. ¿Quién debía estar vigilando y simplemente no estaba?
ASÍ ANDAN LAS COSAS
