Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Diputados de Movimiento Ciudadano, (MC), presentaron una iniciativa de reforma que haría obligatorio los debates entre los candidatos a alcaldes.
La acción legislativa, propuesta por los legisladores Mayra Benavides Villafranca y Juan Carlos Zertuche, plantea modificar el artículo 259 de la Ley Electoral para imponer la celebración de un debate obligatorio entre quienes compitan por las presidencias municipales.
El proyecto de decreto también establece que los debates deberán regirse por reglas uniformes que eviten favoritismos, sesgos de moderación o ventajas indebidas para candidaturas con más recursos. La equidad, subrayan, es condición indispensable para que el ejercicio sea útil.
El Instituto Electoral de Tamaulipas sería el responsable de organizarlos, mientras los Consejos Distritales y Municipales definirían reglas, fechas y sedes. Todo bajo lineamientos de imparcialidad, equidad y máxima publicidad.
Además, la reforma mantiene los dos debates obligatorios para la elección de gubernatura y establece un debate formal para candidaturas a diputaciones. En conjunto, la iniciativa cerraría la puerta a campañas locales sin confrontación real de ideas, un sello que ha caracterizado al estado durante años.
Los autores de la propuesta sostienen que la democracia municipal no falla por falta de votantes, sino por falta de información.
Afirman que en un territorio con problemas agudos de inseguridad, corrupción, rezago social y servicios públicos deficientes, resulta absurdo permitir que los aspirantes compitan sin exhibir preparación, visión y capacidad de respuesta.
Recuerdan que en entidades como Jalisco y Ciudad de México los debates locales ya son parte de la vida electoral y han elevado el interés ciudadano y la
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transparencia en las campañas.
En Tamaulipas ocurre lo contrario: el municipio, nivel de gobierno más cercano al ciudadano, transita sus elecciones sin un mecanismo que obligue a los candidatos a exponerse. Ello, señalan, facilita campañas huecas, sostenidas en imagen y mercadotecnia, no en diagnósticos o soluciones.
En Tamaulipas ocurre lo contrario: el municipio, nivel de gobierno más cercano al ciudadano, transita sus elecciones sin un mecanismo que obligue a los candidatos a exponerse. Ello, señalan, facilita campañas huecas, sostenidas en imagen y mercadotecnia, no en diagnósticos o soluciones.
La iniciativa apunta directamente a ese vacío. Obligar el debate —dicen los promoventes— es un paso mínimo para reconstruir la confianza pública y combatir el abstencionismo, dos síntomas persistentes del desgaste democrático en la entidad.
