Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Una reforma presentada en el Congreso del Estado busca sancionar con mayor severidad a los servidores públicos que ejerzan violencia familiar aprovechándose de su cargo.
La iniciativa de decreto fue presentada por el diputado morenista Byron Cavazos, y consiste en reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres para incorporar una nueva agravante de la violencia familiar, que se configuraría cuando el delito sea cometido por funcionarios que utilicen su investidura, jerarquía o influencia institucional para intimidar, someter o dañar a sus familiares.
El proyecto propone incorporar un nuevo numeral al artículo 4 para definir esta modalidad de violencia, y una fracción adicional al artículo 9 septies para establecer que la relación de poder y privilegio del agresor constituya un agravante.
Además, plantea emitir medidas de protección inmediatas, incluida la suspensión temporal del cargo cuando sea necesario.
La exposición de motivos advierte que la legislación actual castiga la violencia familiar, pero no contempla agravantes cuando el agresor es una persona servidora pública.
Esa omisión permite que quienes detentan poder manipulen expedientes, presionen autoridades y obstaculicen denuncias mediante el uso indebido de su posición.
La iniciativa describe cómo este tipo de agresores se valen de contactos, conocimiento de procedimientos, credenciales oficiales o incluso escoltas para intimidar o silenciar a las víctimas. No se trata solo de violencia doméstica, sino de violencia institucional ejercida desde una posición privilegiada.
Cavazos afirma que, al no regular este escenario, Tamaulipas incumple compromisos internacionales que obligan a los Estados a prevenir y sancionar la violencia ejercida incluso por agentes del propio Estado.
La iniciativa también señala que la violencia familiar sigue siendo uno de los delitos de mayor incidencia en el estado y que sus consecuencias físicas, emocionales y sociales se agravan cuando el agresor cuenta con respaldo institucional o capacidad de influencia.
El documento expone que la reforma busca romper ciclos de silenciamiento, temor y desigualdad extrema dentro de los hogares donde un funcionario utiliza su autoridad como herramienta de control.
