Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Las funerarias en Tamaulipas ya no podrán actuar como intermediarias para tramitar permisos sanitarios de inhumación, cremación o traslado de cuerpos, según una iniciativa presentada ante el Congreso del Estado, que busca poner fin a los abusos económicos cometidos contra las familias.
La propuesta pretende que los permisos sean gestionados directamente por los familiares o representantes legales del fallecido ante la autoridad sanitaria, sin intervención de empresas funerarias ni cobros adicionales.
De acuerdo con la iniciativa, algunas funerarias incluyen el costo de estos trámites dentro de sus servicios, pero lo quintuplican respecto al valor real, lucrando con la necesidad de los deudos en un momento de vulnerabilidad.
El documento cita que el costo oficial de un permiso sanitario ronda los mil 113 pesos, sin embargo, en muchos casos se llega a cobrar hasta cinco mil pesos o más, bajo el argumento de que la empresa “gestiona” el trámite.
Los legisladores advirtieron que esa práctica carece de fundamento legal y ha derivado en actos de corrupción y sobreprecio, además de atentar contra la dignidad de las personas que enfrentan una pérdida.
Por ello, la iniciativa propone adicionar el artículo 121 Bis y reformar el artículo 156 de la Ley de Salud del Estado, para prohibir expresamente que funerarias, casas de velación o prestadores de servicios funerarios gestionen, tramiten o cobren permisos de inhumación, cremación, exhumación o traslado.
El texto también ordena que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) establezca plataformas electrónicas que permitan a los familiares realizar estos trámites de manera directa y accesible.
Además, se plantea imponer multas de 1,501 a 10,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a los establecimientos que incumplan con esta disposición, sin perjuicio de otras sanciones administrativas.
La propuesta se sustenta en el principio de dignidad humana y en el deber del Estado de proteger a las familias ante prácticas abusivas en los servicios funerarios, considerados esenciales y de carácter social.
Los promoventes señalaron que con esta reforma se busca eliminar la corrupción, reducir los costos indebidos, fortalecer la transparencia y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones sanitarias y regulatorias.
