Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El abandono, suspensión o cancelación injustificada de obras públicas será considerado una actividad administrativa irregular, de aprobarse una reforma propuesta por la diputada Francisca Castro Armenta, del grupo parlamentario de Morena.
La propuesta plantea adicionar un párrafo al artículo 3 de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus Municipios, para que los ciudadanos puedan exigir reparación de daños cuando una obra inconclusa afecte su entorno o su calidad de vida.
Castro Armenta argumentó que dejar a medias una escuela, un hospital, una red de agua potable o un camino rural no solo implica desperdicio de recursos públicos, sino también un impacto directo en el bienestar social, especialmente en comunidades vulnerables.
“El abandono de obras públicas representa una falla grave en la gestión gubernamental. Provoca pérdida de inversión, riesgos a la seguridad y limita el acceso a servicios esenciales”, expuso en tribuna la legisladora morenista.
Castro Armenta recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha detectado múltiples casos de obras suspendidas en México, donde se ejercieron recursos sin un beneficio público tangible, lo que evidencia la necesidad de fortalecer la rendición de cuentas.
Desde el punto de vista técnico, la reforma obliga a definir con claridad qué se entenderá por “injustificada”, establecer criterios objetivos de evaluación y garantizar mecanismos de supervisión y verificación física de los avances de obra.
Con esta reforma, señaló Castro Armenta, Tamaulipas avanzará hacia una administración pública más responsable y sensible ante los derechos ciudadanos, evitando que la impunidad siga cubriendo los casos de obras abandonadas o canceladas sin motivo válido.
