Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Para cerrarle la puerta a las empresas fantasma es urgente verificar las capacidades reales de proveedores y contratistas antes de entregarles contratos públicos, advirtió el diputado, Francisco Adrián Cruz Martínez.
Frente a ello, el morenista presentó una iniciativa para adicionar un párrafo al artículo 27 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado y sus Municipios.
La reforma obligaría a constatar que los proveedores cuenten con domicilio fiscal real, maquinaria, personal y experiencia suficiente para cumplir con los contratos que pretendan obtener.
De acuerdo con el legislador, esta medida busca fortalecer los mecanismos de transparencia y legalidad en los procesos de contratación pública, cerrando el paso a empresas de papel que simulan capacidad técnica sin tenerla.
La propuesta se sustenta en recomendaciones internacionales de organismos como la OCDE y la ONU, que promueven inspecciones previas como una medida eficaz para prevenir corrupción en adquisiciones gubernamentales.
Cruz Martínez citó ejemplos de países como Chile y Colombia, donde se aplican protocolos obligatorios de verificación antes de adjudicar contratos, así como casos en México donde la Auditoría Superior de la Federación ha documentado fallas graves por falta de controles.
Actualmente, la ley estatal exige requisitos formales y documentales a los proveedores, pero no contempla la obligación de visitas físicas para comprobar su capacidad operativa, lo que abre la puerta a irregularidades.
La iniciativa establece que la verificación deberá documentarse en acta administrativa con evidencia fotográfica o digital, y en caso de incumplimiento, podría anularse el procedimiento y sancionar al servidor público responsable.
El diputado explicó que esta medida no solo es preventiva, sino que aumentaría la calidad y confiabilidad de las contrataciones estatales y municipales, además de generar mayor confianza en el uso del dinero público.
