Por Rogelio Rodríguez Mendoza/ Noticentro.mx
La Diputación Permanente recibió una iniciativa que plantea la desaparición de la Contraloría Gubernamental y su transformación en una nueva Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, que concentraría funciones clave de control interno, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
La propuesta, impulsada por los grupos parlamentarios de Morena, Partido Verde Ecologista y del Partido del Trabajo, busca reorganizar la estructura de vigilancia del poder ejecutivo, centralizando en una sola dependencia facultades actualmente distribuidas entre la Contraloría, el ITAIT, los órganos internos de control y la Secretaría de Administración.
Según el texto de la iniciativa, la nueva Secretaría absorbería las tareas de auditoría, control presupuestal, evaluación del desempeño, ética pública, protección de datos personales, fiscalización del gasto estatal y federal, y sanción de responsabilidades administrativas, tanto de servidores públicos como de particulares.
Además, la Secretaría Anticorrupción se encargará de emitir normas, manuales y lineamientos aplicables a toda la administración estatal, coordinará la atención de auditorías externas e internas, y se convertirá en la nueva autoridad responsable de la transparencia, sustituyendo al Instituto de Transparencia local (ITAIT).
En paralelo, se propone crear un órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, que operará bajo esta Secretaría y se encargará de atender los procedimientos en materia de acceso a la información y datos personales.
La reforma también contempla que todos los actos jurídicos y nombramientos emitidos por la Contraloría Gubernamental sigan vigentes hasta que se realicen las adecuaciones normativas, dando un plazo de 90 días para armonizar reglamentos, estructuras internas y reglamentos orgánicos.
Entre las nuevas atribuciones destaca la capacidad de imponer sanciones, investigar presuntas responsabilidades administrativas, promover acciones ante el Tribunal de Justicia Administrativa, y coordinar mecanismos de ética e integridad en todo el aparato público estatal.
Con esta iniciativa, se busca alinear el marco institucional tamaulipeco con las directrices de la Agenda 2030 y con el principio de eficiencia y racionalidad administrativa promovido desde el gobierno federal, según argumentaron sus promoventes.
