Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Los municipios de Tamaulipas estarían legalmente obligados a dar seguimiento oportuno y documentado a todas las denuncias realizadas a través del 911 y del 089, según lo plantea una iniciativa presentada en el Congreso del Estado. La propuesta contempla que el incumplimiento de esta obligación sea considerado una falta administrativa grave.
La iniciativa, promovida por la diputada de Morena, Yuriria Iturbe Vázquez, busca adicionar dos párrafos al artículo 121 Bis de la Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, con el objetivo de corregir las omisiones en que incurren diversas autoridades municipales cuando los reportes ciudadanos no son atendidos.
El texto obliga a los gobiernos municipales, a través de sus unidades de seguridad pública, a establecer mecanismos de coordinación permanente y retroalimentación con el C5 y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, para asegurar el despacho inmediato de unidades y la atención profesional de los casos.
Se advierte que, en la práctica, muchas denuncias ciudadanas quedan sin respuesta por parte de las policías municipales, lo que no solo vulnera los derechos de los reportantes, sino que debilita la eficacia del sistema de emergencias, alimenta la frustración social y favorece la impunidad.
Iturbe Vázquez argumentó que esta omisión institucional viola el principio constitucional de corresponsabilidad entre niveles de gobierno, y constituye un obstáculo para una verdadera política de seguridad pública integral. Por eso, propone que el incumplimiento reiterado sea sancionado como falta grave.
La propuesta se alinea con el Objetivo 16 de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que busca construir instituciones eficaces, responsables y transparentes, y representa una acción concreta para reforzar el sistema de atención a emergencias desde el nivel municipal.
La diputada aclaró que la intención no es señalar al personal operativo del sistema 911, sino dotar de fuerza jurídica la obligación de dar continuidad efectiva a las denuncias ciudadanas, muchas veces hechas bajo riesgo o en contextos de violencia.
