Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
En Tamaulipas, los ciudadanos podrían dejar de pagar por el servicio de grúa y depósito vehicular cuando se demuestre que su automóvil fue remolcado sin que existiera infracción ni delito.
Así lo plantea una iniciativa presentada este domingo ante el Congreso del Estado, que propone adicionar un artículo a la Ley de Tránsito para garantizar la exención o devolución inmediata de esos cobros injustificados.
La propuesta fue presentada por la diputada de Morena, Guillermina Magaly Deandar Robinson, quien argumentó que uno de los abusos más frecuentes en materia de tránsito es el arrastre indebido de vehículos, lo cual genera un daño patrimonial sin justificación legal para miles de ciudadanos cada año.
La iniciativa contempla que, si tras un procedimiento administrativo se determina que el arrastre fue improcedente, el ciudadano no solo quedará exento de pagar, sino que podrá reclamar y recuperar lo que ya haya cubierto por concepto de grúa o pensión vehicular.
En el documento se advierte que la ley, tal como está hoy redactada, no prevé una ruta clara para la devolución de esos pagos, lo que deja al ciudadano en desventaja frente a decisiones arbitrarias por parte de la autoridad.
Además de su efecto económico, el planteamiento resalta el impacto en el derecho a la movilidad, ya que un vehículo remolcado injustificadamente interrumpe la vida laboral, escolar y familiar de muchas personas, sobre todo en ciudades donde el automóvil no es un lujo, sino una necesidad.
La iniciativa también subraya que existen precedentes en estados como Sinaloa y Guanajuato, donde ya se prevé legalmente la devolución de pagos por remolques improcedentes. “Tamaulipas no puede quedarse atrás”, sostiene el texto legislativo.
La adición propuesta —al artículo 14 Quinquies— busca enviar un mensaje institucional: que la legalidad, la proporcionalidad y la justicia deben prevalecer en la actuación de las autoridades viales. No se puede obligar a un ciudadano a pagar por una falta que no cometió.
Turnada ya a comisiones para su estudio, la propuesta representa un intento claro por frenar el abuso de facultades en materia de tránsito, y por colocar al ciudadano en el centro de la protección normativa ante decisiones injustificadas.
