Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Servidores públicos de Tamaulipas que sean madres, padres o tutores de menores con discapacidad podrían tener derecho a ausentarse de sus labores hasta por dos horas diarias con goce de sueldo, para acudir a terapias, consultas médicas o actividades educativas relacionadas con el cuidado de sus hijos.
Así lo establece una iniciativa de reforma presentada ante el Congreso del Estado por el diputado morenista, Alberto Moctezuma Castillo, quien propuso adicionar el artículo 33 Ter a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas.
El objetivo es garantizar un derecho laboral humanitario, limitado pero necesario, que permita conciliar la función pública con las responsabilidades de crianza.
La propuesta prevé que el beneficio se otorgue únicamente a quienes acrediten documentalmente el diagnóstico del menor, ya sea con Trastorno del Espectro Autista (TEA), discapacidad motriz, intelectual o sensorial, mediante constancia médica expedida por institución pública o privada registrada.
Además, se estipula que las ausencias deberán notificarse previamente a la autoridad administrativa correspondiente y justificarse con el comprobante de la actividad realizada. El beneficio podrá ser ejercido solo por uno de los padres, salvo que ambos trabajen en la misma institución pública.
El legislador advirtió que hoy en día, muchas madres y padres enfrentan descuentos salariales, procesos disciplinarios o deben renunciar a su empleo por atender terapias indispensables para el desarrollo de sus hijos, ante la falta de una norma que respalde ese derecho.
La iniciativa se fundamenta en la Constitución federal, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y diversos Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre ellos salud, educación, equidad e inclusión laboral.
También se establece que el ejercicio de este derecho no podrá implicar sanciones, descuentos ni afectaciones en la evaluación del desempeño laboral, y que las instituciones deberán fomentar condiciones de trabajo flexibles que favorezcan la conciliación entre vida personal y laboral.
