Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Ante la calidad dudosa del agua que venden muchas purificadoras y máquinas expendedoras, la bancada de Morena en el Congreso del Estado impulsa una reforma a la Ley de Salud para establecer mecanismos de verificación más estrictos y proteger la salud de los tamaulipecos.
La iniciativa, promovida por la diputada Francisca Castro Armenta, propone que la Secretaría de Salud del Estado realice inspecciones sanitarias obligatorias, al menos tres veces por año, a todos los establecimientos que expenden agua para consumo humano. Además, plantea la colocación visible de sellos de autorización y la creación de un padrón estatal de expendedores.
Con esta reforma se busca cerrar las brechas legales que permiten la operación irregular de muchos negocios que ofrecen agua presuntamente purificada, pero que, en realidad, podrían representar un riesgo para la salud pública, por falta de controles y seguimiento sanitario.
Según la propuesta, la ingesta de agua contaminada puede causar enfermedades gastrointestinales, infecciones graves e incluso intoxicaciones por sustancias químicas no detectadas. Por ello, se considera urgente que el Estado fortalezca la regulación de purificadoras, embotelladoras y máquinas expendedoras de agua.
La diputada promovente advierte que, aunque existen normas oficiales federales para garantizar la potabilidad del agua, Tamaulipas necesita armonizar su legislación local para asegurar su cumplimiento real en territorio estatal y evitar que establecimientos operen con total impunidad.
Datos del INEGI revelan que más del 78% de los hogares mexicanos consumen agua embotellada, lo que refuerza la necesidad de asegurar la inocuidad del producto desde su producción hasta su distribución. En Tamaulipas, ante el desabasto recurrente de agua potable, muchas familias recurren a las máquinas expendedoras como opción accesible, sin garantía de calidad.
La iniciativa también contempla medidas de concientización para que los consumidores estén informados de los riesgos de consumir agua de dudosa procedencia y sepan cómo identificar irregularidades o denunciar establecimientos que no cumplen con las normas.
De ser aprobada, la reforma representaría un avance significativo en la protección del derecho humano al acceso a agua segura y de calidad, al establecer un sistema de verificación más riguroso y transparente, que permita prevenir riesgos sanitarios y fortalecer la confianza de los ciudadanos en lo que consumen.
