Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
“Seamos proactivos y no reactivos. Evitemos más incendios”. Con esa frase concluye el más reciente informe de México Evalúa, en el que advierte sobre la necesidad de actuar con urgencia para evitar que los brotes de violencia registrados en diversas regiones del país escalen a crisis mayores.
El análisis correspondiente al primer trimestre de 2025 identifica a cuatro entidades con una tendencia clara al alza en violencia homicida: Baja California Sur, Hidalgo, Aguascalientes y Campeche. Aunque sus indicadores aún están por debajo del promedio nacional, presentan síntomas preocupantes de deterioro que deben ser atendidos con medidas focalizadas.
México Evalúa plantea que estos estados atraviesan procesos de descomposición de sus condiciones de seguridad, y si no se actúa de inmediato, pronto podrían presentar niveles de violencia similares a los de entidades ya clasificadas como zonas críticas.
El enfoque del estudio va más allá del conteo diario de homicidios. Incluye también feminicidios y desapariciones, para ofrecer un diagnóstico más integral del fenómeno violento. A partir de este criterio, se detectó que diez estados —entre ellos Ciudad de México, Puebla, Tabasco, y Sonora— ya se encuentran en una situación alarmante.
El informe también advierte que en muchas regiones del país se están gestando conflictos derivados de reacomodos locales, tensiones entre grupos y fallas institucionales. En algunos casos, los hechos violentos ya han alcanzado expresiones preocupantes como bloqueos, ataques contra autoridades o incremento de desapariciones.
Por ello, la organización subraya la importancia de construir “perímetros de contención” que aíslen los focos de conflicto antes de que se propaguen a otras entidades. Según el análisis, una de las fallas estructurales en la estrategia nacional ha sido la falta de diferenciación territorial frente a las dinámicas criminales.
México Evalúa insiste en que la inteligencia debe ser el eje de cualquier política pública en materia de seguridad. Eso implica ubicar los territorios con mayor riesgo, anticiparse a la expansión de los conflictos y actuar con oportunidad para recuperar el control institucional.
El llamado final del informe es directo: los datos existen para tomar decisiones. Y hoy, esos datos indican con claridad dónde es indispensable intervenir antes de que sea demasiado tarde.
