Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado respaldó diversas reformas al Código Penal para castigar con penas de 7 a 15 años de prisión el uso de drones para atacar o espiar a la fuerzas de seguridad pública.
Durante la sesión ordinaria realizada este martes, fue puesto a consideración de la asamblea legislativa el dictamen que había emitido el pasado 13 de enero la Diputación Permanente, y todos los diputados dieron su voto a favor.
Con ello, el uso de drones sin registro legal para agredir o espiar a las fuerzas del orden o a funcionarios públicos, será catalogado como una modalidad del delito de Atentados contra la Seguridad Personal.
La diputada del PAN, Patricia Saldívar, dijo que la reforma busca fortalecer los cuerpos policiacos y castigar con mayor rigor a quienes usen drones contra las fuerzas de seguridad.
Consideró que los avances tecnológicos deben ser siempre en beneficio de la sociedad y jamás para sembrar terror.
Por su parte, Isidro Vargas Fernández, diputado de Morena, señaló que la iniciativa tiene dos grandes beneficios: uno, hay coincidencias en legislar para implementar la reforma en materia de seguridad; y dos, abonará a combatir el crimen porque actualmente se realizan muchas actividades delictivas con el uso de drones.
Precisó que la reforma armonizará el Código Penal de Tamaulipas con lo que establece el código penal federal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.
Así, la reforma adiciona una fracción X al artículo 171 Quater, para establecer que, comete el delito de atentados contra la comunidad, “Quien posea o porte en su vehículo en que se encuentre o relacione con este Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia, con adaptaciones para transportar, lanzar o dejar caer objetos; no tenga el dispositivo debidamente registrado ante la Autoridad competente; y no pueda ser justificada su utilización por su profesión, trabajo, oficio, actividad recreativa o comercial”.
Además, modifica el artículo 336 para añadirle que, en el caso de las lesiones y del homicidio, “se presumirá que existe premeditación cuando se utilice como medio para su ejecución aeronaves piloteadas a distancia”.
Durante el primer semestre del 2023 fueron documentos 260 ataques a fuerzas de seguridad con el uso de drones.
