Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Doce años después de los hechos, un hondureño probó que fue víctima de torturas por parte de elementos de la Policía Ministerial del Estado, pertenecientes a la entonces Procuraduría General de Justicia y actualmente Fiscalía.
El 17 de mayo del 2023, la víctima formalizó una queja ante la
Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), quien luego de una larga investigación determinó que fueron aportadas suficientes evidencias para acreditar que la tortura existió.
Derivado de ello, la CNDH emitió la recomendación 154VG/2024 dirigida a la Fiscalía General de Justicia del Estado a quien instruye para proceder a la inmediata reparación del daño ocasionado, incluyendo las medidas de compensación, rehabilitación, restitución y no repetición, así como el otorgamiento de atención psicológica y médica que requiera la víctima.
Además, la fiscalía deberá colaborar con el seguimiento de la carpeta de investigación iniciada por tortura contra la víctima, para lo cual la CNDH las evidencias en que se sustenta la recomendación.
La víctima denunció que, el 22 de agosto del 2021 fue detenida en una carretera cerca de Matamoros, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, (Sedena), quienes lo entregaron a policías ministeriales de la extinta Procuraduría de Justicia de Tamaulipas.
Fue entonces que los agentes estatales lo sometieron a torturas para obligarlo a confesarse culpable de diversos delitos.
