Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Ante el preocupante incremento que registra el bullying en las escuelas, el diputado local, Ángel Covarrubias, propuso una reforma de ley, para castigar con penas de tres meses a cuatro años de prisión a los maestros que no denuncien cualquier situación de violencia en agravio de un alumno.
Para ello, el priista busca equiparar el delito de encubrimiento al personal educativo que, siendo testigo de acoso escolar o cualquier otra conducta prevista en la ley que afecte el correcto desarrollo integral de las y los estudiantes, no hiciere la denuncia correspondiente.
En ese propósito, plantea adicionar un artículo 58 Bis a la Ley para la Prevención de la Violencia en el Entorno Escolar de Tamaulipas.
Dicho artículo establecerá que: “Cuando se cometa algún delito al interior de cualquier centro educativo y las autoridades escolares tengan pleno conocimiento de ello, deberán poner en conocimiento a la autoridad competente, para que se proceda conforme a derecho. De no hacerlo así, esta conducta se equiparará al delito de encubrimiento previsto en el Código Penal para el Estado de Tamaulipas”
Actualmente, el artículo 440 del ordenamiento punitivo de Tamaulipas prevé que: “A los responsables del delito de encubrimiento se les impondrá una sanción de tres meses a cuatro años de prisión y multa de seis a sesenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
En la exposición de motivos, Covarrubias señaló que la salud mental y el bienestar de las niñas, niños y adolescentes pueden verse afectados negativamente cuando exista acoso en su perjuicio en las escuelas.
“En ese sentido, es importante señalar que los docentes son la llave para crear un entorno de aprendizaje positivo y de apoyo, ya que son la autoridad responsable dentro de los planteles educativos quienes se dan cuenta de todo lo que pasa en las aulas de aprendizaje, siendo testigos de los abusos escolares que se pudieran presentar y son los primeros que deben de interceder para detener este tipo de conductas” mencionó.
Además, refiere, el interés superior de la niñez debe ser el principio rector por el que toda autoridad escolar debe velar, siendo los docentes la primera autoridad dentro de las aulas que deben de proteger este derecho.
“Con esto resulta más que evidente que los docentes y las autoridades educativas deben cumplir con su responsabilidad al identificar casos de abuso escolar en los planteles educativos” indicó.
Será la Comisión de Justicia la que determine si la iniciativa del priista debe ser aprobada o rechazada.
