La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos ha informado que en los últimos 10 meses, cerca de 600 mil extranjeros han sido expulsados o devueltos, principalmente desde la frontera con México. Este anuncio llega en un contexto donde las detenciones por cruces indocumentados han aumentado en más de 16 mil durante febrero, en comparación con enero, aunque aún están por debajo del histórico de diciembre de 2023.
El comisionado interino de la CBP, Troy Miller, resaltó que desde mayo de 2023 hasta febrero de 2024, el Departamento de Seguridad Interna (DHS) ha expulsado o devuelto a sus países de origen a más de 593 mil extranjeros, la mayoría de los cuales cruzaron la frontera suroeste, incluyendo más de 93 mil personas que ingresaron como parte de una familia.
El mes pasado, las autoridades reportaron 140,644 detenciones de migrantes que intentaron cruzar la frontera de manera irregular, en comparación con las 124,220 de enero. Aunque esta cifra está considerablemente lejos de las 249,735 detenciones de diciembre pasado, que marcaron un récord mensual.
En total, en la frontera suroeste de Estados Unidos se puso bajo custodia a 189,922 personas, lo que incluye a los solicitantes de asilo que se presentaron en la frontera para iniciar su proceso legal después de obtener una cita con la aplicación CBP One.
La Administración del presidente Joe Biden ha enfrentado críticas constantes por el aumento de la inmigración irregular en la frontera con México. Estas críticas han llevado a la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, a poner al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, al borde de un juicio político.
Además, han provocado que gobernadores republicanos respalden medidas estatales para endurecer las leyes contra los indocumentados, como la SB4 en Texas. Esta ley, considerada una de las más antiinmigrantes, otorga a las autoridades en Texas la potestad de detener y expulsar a personas que consideren «sospechosas» de haber cruzado la frontera sur de manera irregular. El Gobierno de Biden está actualmente en un pulso legal con Texas para evitar que esta ley entre en vigor.
