Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El Congreso del Estado anulará la venta de cinco predios ubicados en playa Miramar, municipio de Madero, que autorizó en agosto del 2021 el gobierno del panista, Francisco García Cabeza de Vaca.
Para ello, en medio de reclamos y acusaciones de parte de cinco diputados del PAN, la Diputación Permanente aprobó, por la vía del “fast track”,
una iniciativa de decreto presentada por el diputado de Morena, Humberto Prieto Herrera.
La acción legislativa consiste en la derogación del decreto 64-609 emitido por la 64 legislatura del Congreso del Estado y publicado el 18 de agosto del 2021, con el que se aprobó la venta de los cinco predios por un monto global de 264 millones de pesos.
La justificación del gobierno cabecista para la enajenación fue que se detonarían proyectos turísticos con inversión privada.
Los terrenos fueron comprados por las empresa Hospitals & Investments, S. A de C.V y Discovering México, Destinatión Club”. La primera, adquirió tres de los predios por un monto de 158 millones de pesos, en tanto que la otra compró los dos restantes en 106 millones de pesos.
Sin embargo, los inversionistas recibieron el beneficio de liquidar el monto de la operación en pagos diferidos a ocho años.
Prieto Herrera, quien también preside la Diputación Permanente, explicó que en el decreto se estableció que la enajenación detonaría la actividad turística en la zona sur y le allegaría recursos tributarios a los gobiernos, lo cual no ha ocurrido.
“El objeto ( de la enajenación) fue totalmente comercial, con fines de lucro, afectando el patrimonio del estado, y por lo tanto deben quedar insubsistentes todos los actos que generan el presente decreto” señaló.
El dictamen aprobado por la Diputación Permanente establece que, la derogación del decreto se justifica por el hecho de que, las empresas incumplieron los compromisos asumidos, como el hecho de no haber probado documentalmente la generación de empleos que ofrecieron y no acreditar que, con la edificación de inmuebles se incrementará la captación de impuestos federales y estatales.
Además, se ordena dar vista a la Secretaría de Administración y la Contraloría Gubernamental. Esta última deberá iniciar los procedimientos legales de su competencia y formalizará las denuncias penales correspondientes contra quienes se hayan coaligado para la operación.
Cabe señalar que, en la Fiscalía General de Justicia del Estado existe una denuncia penal por el presunto despojo de los predios que sufrieron los dueños originales, en cuyos hechos estarían involucrados funcionarios estatales, agentes del Ministerio Público, Jueces y Notarios Públicos.
La sesión de la Diputación Permanente se tensó por la presencia de cinco diputados del PAN: Carlos Fernández Altamirano, Imelda Sanmiguel, Liliana Álvarez, Mirna Flores Cantú y Lidia Martínez López.
Los ánimos se alteraron porque, Fernández y Sanmiguel exigían que les mostraran el acuerdo de la Junta de Gobierno, con el cual se aprobó la inclusión del dictamen respectivo en la orden del día.
“No hubo tal reunión de la Junta de Gobierno. Es una mentira. Están violando la ley. Muéstrenme la copia del acuerdo para ver las firmas de los diputados”, reclamaba Sanmiguel, a lo que Prieto Herrera la conminó a acudir ante las instancias legales si estaban inconformes.
La presidenta de la Junta de Gobierno, Úrsula Patricia Salazar Mojica, explicó que los diputados Gustavo Cárdenas y Linda Mireya González, fueron consultados vía zoom.
“Es increíble lo que están haciendo y la ciudadanía debe saberlo. Ponen lo que les conviene”, gritó Fernández Altamirano.
