TAMAULIPAS, 21 de junio del 2023.-El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Finanzas, ha presentado una propuesta al Congreso del Estado para refinanciar una deuda heredada de más de 13 mil millones de pesos, adquirida durante la administración del exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca.
El objetivo de esta propuesta es buscar mejores condiciones para la deuda pública del estado y hacer frente al déficit presupuestario que ha afectado las finanzas estatales. Sin embargo, el proceso no será sencillo, ya que se requiere el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, lo que implica un consenso entre los diferentes partidos políticos representados en el Congreso.
La propuesta será analizada en Comisiones, donde se discutirán los criterios de los diputados de diferentes partidos, como PAN, Morena, PRI y Movimiento Ciudadano. Es en este proceso de dictaminación donde se determinará el plazo y los términos de la refinanciación o reestructuración de la deuda, que podría extenderse hasta 25 años a partir de la celebración de los respectivos contratos.
La iniciativa presentada por el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, indica que la deuda actual de Tamaulipas asciende a 15 mil 677 millones de pesos, de los cuales se busca reestructurar 13 mil 006 millones 794 mil pesos.
La propuesta justifica la necesidad de mejorar las condiciones de la deuda pública debido a factores como la inflación global, el aumento de las tasas de interés interbancarias, la sequía que ha afectado ciertos cultivos, la crisis climática y el contexto ambiental y social tanto a nivel nacional como estatal.
La reestructuración buscará refinanciar los cinco créditos contraídos con el banco BBVA Bancomer en 2018, los dos créditos con Banorte en 2017 y el crédito adquirido en el mismo año con el Banco Nacional de México, así como un crédito más con BBVA Bancomer en 2010.
La propuesta también contempla la creación de un fideicomiso que se utilizará para pagar un solo crédito, con una tasa de interés más baja y pagos mensuales más accesibles, con el objetivo de aliviar la carga financiera del estado.
El gobierno estatal asegura que la contratación de estos instrumentos financieros se realizará de manera prudente, sin comprometer la viabilidad financiera ni la calificación crediticia del estado, fortaleciendo así la hacienda pública y buscando un manejo más eficiente de la deuda.
