Por Redacción Noticentro.
La evaluación de la justicia penal está en grave riesgo porque el gobierno federal pretende quitarle al Inegi la tarea de recopilación y control de información para entregársela a la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la creación del Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP).
La organización no gubernamental, “México Evalúa”, denunció el hecho y advirtió que de consumarse limitará la posibilidad de evaluar la situación de la justicia penal en el país.
“La posibilidad de hacer un seguimiento real la justicia penal hoy está bajo amenaza. No es casualidad que en un entorno político de desinformación y de destrucción institucional se pretenda atentar contra fuentes de información clave…” indicó.
En octubre del 2022, el Sistema Nacional de Estadística y Geografía (SNIEG) hizo público el proyecto de norma técnica del Senap, lo cual prendió las alertas porque la gestión y control de datos estadísticos de incidencia delictiva quedará a cargo de la Agencia de Investigación Criminal, dependiente de la FGR.
“Las fiscalías suministrarán la información, no al Inegi, sino a la FGR para su integración, seguridad y almacenamiento. Sin embargo, esa institución no cuenta con la capacidad humana, técnica y física necesaria para desempeñar tales funciones” advirtió “México Evalúa”.
Sentenció que conferirle el procesamiento y resguardo de la información a la FGR propicia condiciones para eventuales conflictos de interés u oportunidades de opacidad, una posibilidad nada lejana, pues esa instancia de procuración de justicia se ha distinguido por no cumplir con sus obligaciones de transparencia, negar a la sociedad información sobre su desempeño, cancelar los puentes de diálogo con la ciudadanía y utilizar su autonomía como la justificación para no rendir cuentas.
