Por Rogelio Rodríguez Mendoza
Las mujeres tamaulipecas que atraviesan el climaterio o la menopausia y carecen de seguridad social podrían recibir atención médica especializada, medicamentos y tratamientos hormonales gratuitos, mediante una reforma a la Ley de Salud que se impulsa en el Congreso local.
La iniciativa, presentada por la diputada de Morena, Lucero Deosdady Martínez López, plantea reformar la fracción II del artículo 38 y adicionar un tercer párrafo al artículo 21 de la Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas.
Con esos cambios, las mujeres en situación de vulnerabilidad o sin seguridad social quedarían exentas del pago de medicamentos, tratamientos hormonales e insumos necesarios para su atención durante ambas etapas, siempre que estén aprobados por las autoridades sanitarias.
La propuesta también obligaría a la Secretaría de Salud estatal a establecer programas permanentes de atención integral, con personal especializado y disponibilidad de medicamentos e insumos, para evitar que la falta de recursos económicos impida a las mujeres recibir los servicios médicos que necesitan.
Además, contempla campañas de información y sensibilización para reconocer los síntomas del climaterio y la menopausia, combatir los prejuicios que rodean estos procesos naturales y fomentar que las mujeres reciban atención médica oportuna.
En la exposición de motivos, Martínez López advierte que los cambios hormonales pueden provocar afectaciones físicas y emocionales, con repercusiones en la salud mental, la calidad de vida y las actividades cotidianas de las mujeres que atraviesan estas etapas.
La legisladora argumenta que, pese a tratarse de procesos naturales, persisten importantes carencias en la atención especializada y barreras económicas que dificultan el acceso a tratamientos. Señala que entidades como la Ciudad de México ya comenzaron a incorporar el tema en su legislación sanitaria.
Martínez López sostiene que la reforma no representaría una carga presupuestal adicional para la Secretaría de Salud, debido a que la legislación vigente ya contempla exenciones de pago para pacientes que, mediante estudios socioeconómicos, demuestren carecer de recursos suficientes.
