Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
De quedar firme, la reforma electoral aprobada recientemente provocará el despido de alrededor de 180 empleados del Instituto Nacional Electoral (INEA), algunos de los cuales tienen entre 20 y 30 años de antigüedad, informó Sergio Ruiz Castellot.
El Vocal Ejecutivo del INE en la entidad, puntualizó que la dimensión de las afectaciones hacia la estructura del instituto se sabrán con mayor exactitud cuando las reformas sean sea publicadas en el Diario Oficial de la Federación y con ello cobren vigencia.
Advirtió, sin embargo, que la reforma electoral no provocará una mejora en los procesos electorales, y por el contrario puede encarecer la democracia.
“Está reforma no implica una mejora a los procesos electorales porque no es una reforma consensuada», dijo en entrevista.
Crítico los cambios que se harán en el INE .
«Desafortunadamente se ha manejado como una panacea, un tema que no es el propio y que habla de la hostilidad, y los costos que puede representar está reforma podrían ser mayores a los ahorros que se supone que implica» indicó.
Y añadió: «Por otro lado, tiene cuestiones aparentemente benéficas que ya se han venido aplicando, como es el tema de la paridad, de inclusión de los grupos indígenas, de los grupos afrodescendientes y otros».
Ruiz Castellot reiteró que, el INE está en espera de que se concluya el proceso legislativo, y será hasta entonces cuando se decida la posibilidad de presentar una controversia constitucional
«Pero en tanto no esté publicada ley, el INE solamente está realizando sus funciones, como siempre, con el mismo personal», dijo.
Ruiz Castellot puntualizó que la dimensión de las afectaciones hacia el interior del INE se sabrán con mayor exactitud cuando la Ley sea publicada y se pueda analizar.
El pasado 14 de diciembre, el Senado aprobó el llamado “Plan B” de la reforma electoral presentado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que modifica varias leyes secundarias que promueven una reducción en el presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE).
Con las reformas a diversas leyes electorales se limita política y económicamente al INE y se compactan sus estructuras, así como algunas funciones del TEPJF.
El proyecto suprime duplicidad de funciones de áreas administrativas del INE y reduce de 300 oficinas distritales a 264.
También por primera vez se reconoce que los migrantes mexicanos o los residentes mexicanos que se encuentran en el extranjero van a poder votar por internet.
Además, establece las bases para el voto electrónico y por primera vez se suprime o se prohíbe que se hagan uso de instrumentos como los monederos electrónicos, como las tarjetas de prepago, que servían para coaccionar y para comprar el voto en la jornada electoral.
Otra disposición es que los partidos estarán obligados a garantizar candidaturas a grupos diversos, como jóvenes, indígenas, afromexicanos, migrantes, personas LGBT y personas con discapacidad.
