Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
El gobierno del estado y los municipios exigirán a sus proveedores una constancia de no antecedentes de corrupción, que será expedida por la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción a un costo de tres veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, (UMA), que en 2022 significan 288.66 pesos.
Así lo establece una iniciativa de decreto presentada por la bancada del PAN y aprobada por la comisión de estudios legislativos, y que se prevé reciba el aval de la asamblea parlamentaria, en sesión ordinaria programada para este jueves al mediodía.
De acuerdo con la acción legislativa que reforma la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la ley de adquisiciones de la administración pública y la ley de hacienda del estado, el costo del documento será un requisito obligatorio para quienes pretendan ser proveedores del gobierno del estado.
En la exposición de motivos se argumenta que, con la carta de no antecedentes penales se pretende identificar el nivel de honestidad, responsabilidad y desempeño de los particulares que han fungido o pretenden inscribirse en el padrón de proveedores estatal o municipal.
“Con la exigencia de dicho documento se fortalece la prevención de actos de corrupción” señalan los promoventes.
En la misma iniciativa, se faculta a la fiscalía general de justicia del estado para aplicar un cobro diario del 0.5 veces el valor diario de la UMA, por el resguardo de vehículos en instalaciones de su propiedad.
El diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández, votó en contra de la reforma al considerar que se violentan disposiciones constitucionales y legales.
Detalló que no puede sustentarse el cobro en la Ley de Adquisiciones de la Administración Pública, porque la fiscalía general de justicia es un ente autónomo, mientras que los cobros por derechos y servicios solo pueden establecerse en la Ley de Ingresos.
