Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El Pleno del Congreso de Tamaulipas aprobó reformas para desechar denuncias administrativas frívolas contra servidores públicos, cuando los denunciantes no las aclaren o corrijan en un plazo máximo de tres días.
En ese sentido, las modificaciones a la Ley de Responsabilidades Administrativas establecen nuevos requisitos para presentar denuncias y mecanismos para solicitar información adicional antes de determinar su desechamiento o archivo.
Originalmente, la iniciativa presentada el 10 de junio de 2026 por el diputado de Morena, Isidro Jesús Vargas Fernández, proponía eliminar las denuncias anónimas.
Sin embargo, las comisiones de Estudios Legislativos Segunda y Anticorrupción determinaron que prohibir el anonimato en las acusaciones no era jurídicamente viable, porque esa modalidad está reconocida en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Además, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno también recomendó preservar las denuncias anónimas y fortalecer los requisitos relacionados con la identificación de los hechos y las personas señaladas.
Ante ello, los únicos cambios aprobados en la ley fueron para establecer que las denuncias evidentemente frívolas deberán aclararse o corregirse en un plazo máximo de tres días. De no hacerlo, serán desechadas de plano.
Otra exigencia es que, las denuncias deberán contener datos o indicios de la presunta irregularidad, incluyendo, cuando sea posible, la identificación del funcionario involucrado y las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
Cuando los elementos resulten insuficientes, la autoridad investigadora requerirá al denunciante identificable información complementaria, otorgándole diez días hábiles para presentarla.
Si transcurre ese plazo sin recibir elementos suficientes, la autoridad podrá concluir y archivar el expediente, aunque la investigación podrá reabrirse cuando aparezcan nuevas pruebas.
Durante el debate del dictámen, previo a su votación, los diputados del PAN, Ismael García Cabeza de Vaca y Ma del Rosario González, criticaron y lamentaron la reforma, argumentando que se cerrará la posibilidad de que los ciudadanos denuncien anónimamente hechos de corrupción en los gobiernos.
En respuesta, el morenista Vargas Fernández los acusó de no haber leído el dictámen, porque en ningún momento habla de prohibir las denuncias anónimas.
