Por Rogelio Rodríguez Mendoza/Noticentro.mx
El Partido Acción Nacional presentó una iniciativa de decreto para imponer penas de hasta 10 años y ocho meses de prisión a quienes acusen falsamente a maestros en Tamaulipas.
La diputada María del Rosario González Flores, advirtió la urgencia de endurecer los castigos contra quienes formulen imputaciones falsas para perjudicar a profesores por el ejercicio de sus funciones.
La acción legislativa consiste en adicionar un cuarto párrafo al artículo 256 del Código Penal para el Estado de Tamaulipas, incorporando expresamente la nueva agravante.
El texto propuesto establece que las penas aumentarán hasta una tercera parte cuando la imputación falsa se realice contra un maestro, profesor, instructor, docente o educador por el ejercicio de sus funciones.
Tomando en cuenta que, actualmente, el artículo 256 establece sanciones de cuatro a ocho años de prisión por los delitos de falsedad contemplados en ese capítulo, además de multas de 200 a 500 UMAS, con
la agravante propuesta una condena de ocho años podría elevarse hasta 10 años y ocho meses de cárcel cuando la víctima sea un maestro.
La reforma protegería a maestros, profesores, instructores, docentes y educadores que sean objeto de imputaciones falsas relacionadas con el desempeño de sus actividades profesionales.
En su exposición de motivos, González Flores advierte que algunos profesores enfrentan acusaciones falsas como represalia por exigir disciplina, sancionar el plagio o aplicar evaluaciones académicas rigurosas.
Incluso, dijo, existen casos en los que alumnos se organizan para atribuir conductas ilícitas a sus maestros, como agresiones, hostigamiento o actos de carácter sexual.
También refiere que algunos padres de familia participan en reclamaciones contra profesores que intentan mantener la disciplina y exigir un mejor desempeño escolar.
Según la legisladora, estas presiones han llevado a ciertos docentes a reducir sus exigencias académicas para evitar conflictos con estudiantes y familiares.
Como consecuencia, la autoridad del maestro se ha deteriorado durante los últimos años, afectando su capacidad para mantener el orden dentro de las aulas.
Entre los factores que menciona están la falta de disciplina, el uso excesivo de teléfonos celulares y el abuso de herramientas de inteligencia artificial para realizar tareas escolares.
La iniciativa aclara que cualquier denuncia presentada contra un maestro debe investigarse conforme a los protocolos establecidos por las autoridades educativas y las fiscalías.
No obstante, advierte que tampoco deben tolerarse señalamientos deliberadamente falsos utilizados como instrumento de represalia contra profesores que cumplen con sus responsabilidades académicas.
