Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La bancada del PAN en el Congreso del Estado exigió a la Fiscalía General de la República (FGR), investigar el vínculo del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, con Javier López Castarín, a quien habría utilizado para perseguir judicialmente al gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca.
A través de una iniciativa de punto de acuerdo, presentada durante la sesión ordinaria celebrada este martes, y que fue enviada a comisiones para su análisis y dictamen, el grupo parlamentario del PAN demandó a la FGR abrir una carpeta de investigación contra Nieto.
Lo anterior, luego de que López Casarín fue uno de los invitados a la boda del extitular de la UIF.
Recordó que López Casarin fue el personaje que utilizó Nieto Castillo para acusar falsamente al gobernador Cabeza de Vaca, de pertenecer a una red de lavado de dinero, con el único propósito de dañar su imagen en pleno proceso electoral.
“La verdad cae por su propio peso. La relación entre Nieto Castillo y López Casarín deja en claro las intenciones perniciosas de la investigación con que se buscó intimidar y manchar al ejecutivo estatal de Tamaulipas, y la intención de usar las instituciones publicas para obtener ventajas de carácter electoral, dañando la democracia y la confianza ciudadana” señalaron los legisladores panistas.
La sospecha de corrupción y trafico de influencias por parte del exfuncionario federal, añadieron, se acrecienta luego de que compró una residencia, presuntamente con un crédito hipotecario de una institución que, irónicamente no da créditos hipotecarios, lo que despierta dudas e inquietudes sobre posibles conflictos de interés y tráfico de influencias.
“Hoy, quien uso uso de las instituciones publicas para difamar y acusar sin sustento, es señalado por los medios de comunicación y la sociedad de actos de corrupción, lo cual obliga a las instancias publicas a investigarlo”, refirieron.
Dentro del mismo contexto, la bancada panista demandó investigar también los vínculos de alcaldes y legisladores de Morena en Tamaulipas, con los hermanos Carmona Angulo, presuntamente ligados al crimen organizado.
Luego de la denuncia sobre la presunta compra de una casa con valor de más de 11 millones de pesos en playa Miramar, por parte del alcalde de Victoria, Eduardo Gattás Báez, consideraron que es imperativo que las instituciones federales encargadas de investigar el crimen organizado y el lavado de dinero, investiguen a quienes han sido señalados como integrantes de una red de financiamiento de campañas electorales.
