Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Al no reunir el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, el Congreso del Estado dictaminó válido el veto del gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, a la Ley de Austeridad y la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos de Tamaulipas.
De esa manera, ambos ordenamientos normativos, que fueron impulsados por Morena y aprobados en sesión ordinaria del Pleno el 14 de diciembre pasado, quedaron invalidados este lunes.
El debate del dictamen expedido por las comisiones de estudios legislativos y de finanzas, planeación, presupuesto y deuda pública, que desechó las observaciones del gobernador, alcanzó momentos ríspidos durante las intervenciones del diputado de Morena, Isidro Vargas Fernández, y de la panista, Leticia Sánchez Guillermo.
Vargas le reclamó a la representante del PAN que se opusiera a leyes que quieren acabar con los excesos y lujos de los funcionarios públicos del estado y los municipio.
“Estoy orgulloso de pertenecer a Morena, y es una acción legal y moral acabar con los excesos en el gasto público con una ley que el gobernador ha decidido vetar” señaló desde la tribuna.
Sánchez Guillermo le respondió: “Malditos aquellos que con sus palabras defienden al pueblo, pero con los hechos los traicionan”.
Luego le recordó a Vargas Fernández que es diputado por dedazo del alcalde de Matamoros, Mario López.
“La austeridad la pregonan de dientes para fuera” acusó.
Vargas Fernández regresó a tribuna para señalar que, era importante tener en Tamaulipas una Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, porque hay funcionarios que en cuestión de sueldos se sirven con la cuchara grande.
La Ley de Austeridad buscaba ponerle fin a los excesos de los servidores públicos en rubros como la compra de vehículos de lujo, uso de guardaespaldas, utilización de los aviones oficiales para asuntos personales, compra de seguros médicos privados, etcétera.
Con la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos se ponía un límite a las percepciones salariales de los servidores públicos, tanto del estado como de los municipios, para que nadie ganara más que el presidente de la República.
