Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
La defensoría pública debe ser reforzada con mejores condiciones económicas como un estímulo a quienes la ejercen, advirtió la organización no gubernamental, “Mexicanos Unidos contra la Corrupción”.
“Si lo que se quiere es aumentar la eficacia de los derechos de acceso a la justicia y de defensa adecuada de los desposeídos, es indispensable que el Estado mexicano refuerce dos aspectos prioritarios del sentir de las y los defensores públicos: su autopercepción en relación con la pretendida imagen del éxito asociada a la abogacía y las condiciones económicas de las y los defensores públicos, de tal suerte que más personas se sientan estimuladas a formar parte de la institución, redundando así en un claro beneficio de los justiciables” señaló como parte de las conclusiones de un trabajo de investigación denominado , “El sentir de la defensoría pública en México”.
De acuerdo a los resultados de 72 entrevistas a defensores públicos de todo el país, se estableció que la defensoría pública es un gremio que se autopercibe con poca valoración reputacional por parte de la sociedad, y con una remuneración económica que les alcanza para satisfacer sus necesidades básicas y poco más.
“Ello provoca en los y las defensoras una tensión interna entre sus motivaciones como garantes del derecho al acceso a la justicia de las personas desposeídas y su ambición por realizarse como el arquetipo del abogado exitoso, es decir, prestigiado y rico” mencionó.
La ong recordó que la Defensoría Pública es la institución garante del derecho constitucional de acceso a la justicia, y que por mandato mismo de la Constitución, debe ser un servicio de calidad. “Devolver el valor de la justicia a la práctica cotidiana del Derecho implicaría que el prestigio de las y los profesionistas jurídico no se regiría prioritariamente por las leyes del mercado. Lo anterior daría la posibilidad a las y los defensores públicos de sentirse más satisfechos con su profesión, y posiblemente sentirse mejor valorados por la sociedad, lo cual transformaría a la Defensoría Pública en una carrera más atractiva para las y los recién egresados de la licenciatura de Derecho” indicó.
Precisó que, en esto juegan un papel muy importante las facultades de Derecho de las universidades del país, tanto públicas como privadas.
“Sin embargo, este cambio de paradigma no es suficiente; igual de necesario es que se garanticen los incentivos y estímulos para el desarrollo del gremio, y que de esta forma se puedan satisfacer las necesidades básicas de las y los defensores públicos, y algo más”.
