Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
A solicitud de la bancada de Morena, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), está revisando tres reformas a la Constitución local aprobadas por la 64 legislatura, relacionadas con la incorporación de los alcaldes al procedimiento de reforma a la Carta Magna, con la llamada “Ley Guarura”, y el blindaje al Gasto Púbico para etiquetar recursos en obras públicas anticipadas y contratadas.
Funcionarios del Congreso del Estado revelaron lo anterior y expusieron su confianza de que los Ministros dejarán sin efectos las modificaciones a la ley suprema del estado.
Detallaron que, desde antes del inicio de la 65 legislatura, los diputados electos de Morena acudieron ante el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, para que por su conducto interpusieran acciones de inconstitucionalidad contra dichas reformas.
“Como los diputados electos no tenían facultades para promover los recursos porque todavía no tomaban posesión del cargo, acudieron ante el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, para que por su conducto se impugnaran las reformas.
Ahora estamos en espera de que la Suprema Corte se pronuncie al respecto y tenemos plena confianza de que las dejará sin efecto” explicó una de las fuentes.
A la actual legislatura, en la que Morena tiene mayoría parlamentaria, la reforma que más le urge revertir es la que incorporó a los alcaldes al procedimiento para modificar la constitución local.
Esta reforma fue aprobada en junio pasado, apenas unos días antes de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones de la 54 legislatura. A propuesta del PAN, se le adicionó un párrafo al artículo 165 de la Constitución.
Dicho párrafo establece que: “una vez aprobada la iniciativa de reforma y adiciones, se enviará ésta a los Ayuntamientos con copia de las actas de los debates, los cuales en el término de 30 días naturales deberán notificar si la aprueban o no”.
Y añade: “Una vez transcurrido el termino de 30 días, el Congreso realizará el computo correspondiente, y de obtenerse una mayoría de votos de los ayuntamientos esta se declarará parte de la Constitución”.
Para reforzar el “candado”, los diputados panistas establecieron que toda reforma Constitucional deberá ser respaldada por las dos terceras partes de los legisladores presentes y no por la mitad como lo señalaba anteriormente la Carta Magna del estado.
Una segunda reforma que revisa la SCJN, es la llamada “Ley Guarura”, que otorga al gobernador, al fiscal general de justicia del estado, y a los secretarios general de gobierno y de seguridad pública, a recibir seguridad personal al término de su encargo, por el mismo tiempo que lo ejercieron, o por mayor plazo “si la situación lo amerita”.
También está en el escritorio de los ministros la revisión de la reforma que autoriza al Congreso aprobar dentro del presupuesto de egresos, un gasto público etiquetado para obras públicas.
