Por Redacción Noticentro.
Durante 2020 fueron cometidas en Tamaulipas 64 atrocidades cometidas por el crimen organizado, con un total de 79 víctimas.
La organización no gubernamental “Causa en Común”, informó de lo anterior al precisar que en todo el país se contabilizaron 5,380 atrocidades.
Definió una atrocidad como el uso intencional de la fuerza física para causar muerte, laceración o maltrato extremo; para causar la muerte de un alto número de personas; para causar la muerte de personales vulnerables o de interés político, y/o, para provocar terror.
De acuerdo al conteo, en Tamaulipas fueron cometidas ocho masacres; cuatro asesinatos de niñas, niños o adolescentes y dos asesinatos de funcionarios públicos.
Fueron localizadas 10 fosas clandestinas; dos mujeres fueron asesinadas con crueldad extrema; siete personas fueron descuartizadas y destruidos sus cadáveres; se registró un caso de terrorismo y 14 casos de tortura.
Once personas fueron calcinadas y ocurrieron cuatro intentos de linchamiento. El resto de las atrocidades fueron englobadas en el rubro de “otros”.
Los estados con más víctimas de atrocidades registradas fueron: Guanajuato con 1,002; Jalisco con 816; Chihuahua con 419; Michoacán con 409; y Guerrero con 379.
Los estados con el menor número de víctimas de atrocidades registradas fueron Aguascalientes (con 15; Nayarit y Campeche con 11 cada uno; Baja California Sur con 10 y Yucatán con dos.
Las cifras de todo el país son las siguientes: fueron localizadas 1,350 fosas clandestinas; se registraron 944 casos de tortura; 709 descuartizamientos y destrucción de cadáveres; 672 masacres; 519 calcinamientos; 410 asesinatos de niñas, niños y adolescentes; 171 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, y 150 intentos de linchamiento.
Se documentaron 84 casos de esclavitud y trata; 75 asesinatos de funcionarios públicos; 59 asesinatos de actores políticos; 42 casos de terrorismo; 39 linchamientos; 29 asesinatos de defensores de derechos humanos.
Fueron reportados 27 casos de mutilación y 16 casos de violación en grupo.
En el mismo periodo fueron asesinados 14 periodistas y 7 personas discapacitadas.
“Este mosaico de atrocidades muestra lo equivocadas que son las explicaciones generalizantes y reduccionistas sobre las violencias en nuestro país. Más allá de factores comunes obvios, como la producción social de patologías y la impunidad, la mitología prevaleciente, sintetizada en imágenes como las de “el narco” o los “carteles”, nubla y distorsiona realidades complejas en las que interactúan instituciones, grupos criminales, liderazgos de distinto tipo, mercados formales e informales, y comunidades lastimadas por una vida social y política que se expresa mediante acciones y relaciones frecuentemente violentas” detalló “”Causa en Común”.
Y añadió: “Desde luego, se requieren políticas nacionales que permitan elevar y homologar capacidades y procedimientos policiales y ministeriales, pero igualmente son indispensables las aproximaciones sociológicas que trasciendan los enfoques meramente policiacos, que permitan la comprensión de las realidades locales, y que contribuyan a la construcción de políticas de seguridad, de prevención y sociales, que respondan a las realidades de cada comunidad y región del país”.
Advirtió que la acumulación de violencias y atrocidades refleja patologías graves que presentan un reto social mayúsculo.
“A los enfoques policiales y sociológicos, deben sumarse enfoques psicológicos. Por ello, contrario al desmantelamiento prevaleciente de estructuras y programas del sector salud, deben éstas fortalecerse e incluir, de manera prioritaria, la atención psicológica especializada a escala nacional” mencionó.
Demandó a los Gobiernos locales y al federal, al menos: a) la resolución de casos que han agraviado a la comunidad, con investigaciones sólidas; y b) reformas de cuerpos policiales y de fiscalías que atiendan insuficiencias como bajos sueldos, prestaciones incompletas, capacitación deficiente, y equipos e infraestructuras insuficientes.
