Por Rogelio Rodríguez Mendoza.
Luego de cuatro años de investigaciones, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encontró culpables a elementos del Ejército Mexicano, de haber ejecutado a nueve Civiles, presuntos integrantes de la delincuencia organizada, en Nuevo Laredo.
Por esos hechos, ocurridos en septiembre del 2016, la CNDH emitió, este jueves reciente, la recomendación 37/2020, en la que instruyó al Secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González, reparar el daño ocasionado a los familiares de las víctimas, lo cual deberá incluir indemnización, atención médica, psicológica y tanatológica, además de inscribirlos en el Registro Nacional de Víctimas (Renavi).
De forma directa, el organismo nacional presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), en contra de los militares que intervinieron en los hechos.
También presentará una queja ante la Unidad de Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana y ante el Órgano Interno de Control en la SEDENA, en contra de los elementos castrenses, así como de sus cadenas de mando.
De acuerdo a las constancias que obran en el expediente CNDH/2/2016/7880/Q, el día de los hechos, personal militar circulaba sobre el boulevard Aeropuerto a la altura de la avenida Iglesias Calderón de la colonia Manuel Cavazos en Nuevo Laredo, con dirección de sur a norte, cuando fueron “objeto de una agresión con disparos de armas de fuego … por personas civiles”, que circulaban en un vehículo por la misma avenida con dirección sur.
Para neutralizar la amenaza, los militares siguieron el vehículo, cuyos tripulantes lanzaron al piso artefactos metálicos “poncha llantas”, persistiendo en la agresión con disparos de arma de fuego y acelerando su marcha de manera errática, poniendo en riesgo la integridad del personal de la SEDENA y de las personas civiles que circulaban en ese momento.
En su investigación, la CNDH concluyó que los Militares no buscaron detener a los agresores, sino que procedieron a darles muerte.
“Se advirtió que la finalidad del personal castrense conforme al lenguaje usado por la propia SEDENA en los diversos informes remitidos a este Organismo Nacional, fue la de “neutralizar” a los tripulantes del vehículo de civiles, es decir, privarlos de la vida ya que los disparos producidos se dirigieron principalmente a las zonas craneales y torácicas de las víctimas, pues nunca se empleó ningún tipo de táctica de sometimiento por parte del personal castrense, lo que denota violación a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza” refirió.
La recomendación de la CNDH también alcanzó al Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, porque dos de sus peritos omitieron, en el dictamen de necropsia, documentar diversas lesiones que presentaban las víctimas, lo que entorpeció la debida integración de la carpeta de investigación, obstaculizando así el acceso a la justicia para los agraviados.
