Por ROGELIO RODRIGUEZ MENDOZA.
Antes de dejarle su curul a sus sustitutos, los actuales diputados locales que integran la Sexagésima Tercera Legislatura, deberán revisar, dictaminar y llevar ante la asamblea parlamentaria, poco más de 179 cuentas públicas de los ejercicios 2017 y 2018.
Se trata de los estados financieros de los tres Poderes del Estado; de los 43 Ayuntamientos, y de decenas de organismos públicos descentralizados, organismos autónomos y universidades públicas.
Se supone que los diputados deberán analizar los informes de resultados que les entregó la Auditoría Superior del Estado (ASE), pero como ninguno es experto en fiscalización se van a limitar a avalar lo que les reportó el órgano técnico fiscalizador.
Lamentablemente la fiscalización del uso y destino que los entes públicos dan al dinero sigue siendo muy deficiente. Además hay que señalar que las cuentas públicas siguen siendo instrumento de coacción política.
Se han hecho cantidad de reformas a las leyes en la materia con el propósito de evitar que los alcaldes y funcionarios en general se sigan embolsando los recursos que deberían ir a programas y obras sociales, pero es algo que en la práctica de poco ha servido.
La mejor forma de comprobar que la fiscalización sigue siendo ineficiente, es que no hay funcionarios o exfuncionarios sancionados, ni por la vía administrativa ni por la vía penal.
Sí en cambio es de sobra conocido que cada tres o seis años surgen nuevas camadas de millonarios. Personajes que —como coloquialmente se dice— llegaron al cargo con una mano adelante y otra atrás, de pronto aparecen como propietarios de mansiones, ranchos y empresas, y además presumen un tren de vida incompatible con sus ingresos.
Pero no se trata de algo nuevo. Así ha sido desde hace décadas. Cada año se reprueban decenas de cuentas públicas porque presuntamente se detectaron en ellas inconsistencias en el destino de millonarias sumas de dinero, pero al final a nadie se sanciona.
Ante esa realidad, de poco o de nada sirve que la Auditoría Superior del Estado nos salga a presumir que reprobó tantas cuentas públicas porque no está claro el destino de cientos o miles de millones de pesos, si al final eso no se traduce en consignaciones o inhabilitaciones.
Cuando se le hace ver esa situación al Auditor Superior del Estado, Jorge Espino Ascanio, su respuesta recurrente es de que antes de turnar una cuenta ante las instancias de justicia deben agotarse los plazos legales porque se corre el riesgo de incurrir en violaciones procesales que impedirían castigar a los responsables.
Y tiene razón, pero el problema es que muchas veces los plazos legales no se cumplen porque hay ineficiencia para notificar a quienes están bajo investigación. Una ineficiencia que, por cierto, podría ser deliberada para dejar que la prescripción salve a quienes deberían ir a prisión.
Bajo ese escenario, me parece que ya es tiempo de darle autonomía a la Auditoría Superior del Estado para que haga su trabajo con eficiencia. Hay que soltarle las manos para evitar cualquier vínculo político, formal o informal, con el Poder Legislativo el Poder Ejecutivo.
Dar ese paso permitirá que haya un verdadero cuidado de los dineros públicos para que no se lo sigan robando. Ya no se pueden seguir aceptando cuentas mochas.
¿No cree usted?.
EL RESTO.
Como era de esperarse, Alejandro Moreno, se convirtió en el presidente nacional del PRI.
Seguramente el resultado de la elección del pasado domingo será impugnada por la candidata perdedora, Ivone Ortega, pero al final “Alito” dirigirá al tricolor.
Superada la elección nacional, ahora el priismo tamaulipeco esperará con ansias el turno para renovar la dirigencia estatal. Hay urgencia entre los grupos locales porque ven en la elección del 2021, la esperanza de resucitar.
ASI ANDAN LAS COSAS.
